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El Parlamento aprobó ayer con el único apoyo del PP la Lei de Política Industrial que, entre otros objetivos, busca convertir Galicia en una comunidad más atractiva para las inversiones y facilitar la instalación de tejido productivo mediante las nuevas competencias dadas al conselleiro de Industria para definir los proyectos considerados estratégicos, cuya tramitación administrativa se simplificará. Pero para la oposición, que votó en contra, significa que el conselleiro podrá autorizar la instalación de una industria en cualquier parte de Galicia y decidir además sobre la necesidad o no de informes urbanísticos y medioambientales para ese proyecto estratégico. Por ello, PSOE y BNG entienden que la nueva norma supone la "deslegalización total del territorio" y se va a convertir en una "fuente inagotable de conflictividad judicial".
El diputado socialista José Luis Méndez sostuvo que si ya el concurso eólico se hizo "a medida", con la ley aprobada ayer los responsables de la Xunta serán "señores de horca y cuchillo". Para el portavoz del BNG en el debate, Fernando Branco Parga, "ahora" se conoce la necesidad de esta ley, que "ya tiene apellidos", dijo en alusión al proyecto de la segunda planta de basuras que la empresa Estela Eólica -beneficiaria del concurso eólico- desarrollará en el municipio ourensano de O Irixo. "Dentro del fiasco del concurso eólico aparece una incineradora y van encajando las piezas", reprochó.
Méndez Romeu considera que la nueva norma se ha redactado "ad hoc para algunos proyectos" y que por esta razón va a resultar lesiva para el conjunto del tejido industrial gallego al crear un "limbo jurídico". Por ello, auguró "una fuente inagotable de conflictividad".
"A merced" de especuladores
El diputado socialista argumentó que la Xunta desarrolla con la ley "una política de destrucción del territorio sin precedentes" y advirtió de que el texto "rompe el intento de consenso de la normativa de suelo" y pone "punto final" al debate sobre si se puede alcanzar un acuerdo "de amplio espectro" en esta materia, como había pedido hace unas semanas el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. Méndez Romeu añadió que tampoco servirá para atraer inversiones "importantes", pero a cambio "va a situar el territorio a merced de quien quiera especular, con la connivencia, apoyo y subvención de la Xunta".
"Esta ley entrega la tierra", acusó también el diputado nacionalista. "No sirve declarar Galicia territorio industrial sin limitaciones y vender el territorio a cuenta de nada", añadió. Para el Fernando Branco, la ley constata el "fracaso" de la Consellería de Industria, pues la comunidad "estará llena de parques industriales vacíos".
El diputado del PP gallego Pedro Arias sostuvo que se trata de "un proyecto de calado" y que tanto los populares como la Xunta son "responsables" de lo que hacen. "Esta es una ley para industriales inteligentes", remachó Arias, quien defendió la importancia y eficacia de esta norma "bien construida" y "sintética" que incluye garantías y una visión estratégica de la política industrial. El diputado del PP consideró que las críticas de la oposición "están a la altura de su inconsistencia" y defendió la responsabilidad de la Xunta, que ha de trabajar por una marca industrial de gobierno de agilidad administrativa y competir en capacidad pública de gestión industrial.
Fernando Branco también reprochó la organización del debate pues se saldó "en cinco minutos", pese a que la oposición presentó 128 enmiendas al texto. "Debería dar vergüenza que nosotros, que cobramos salarios públicos, liquidemos una ley en cinco minutos", se quejó.
Fuente la opinion a coruña
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