«Estamos trabajando para depurar las deudas pendientes, como ejemplo de ajuste de cuentas». La teniente de alcalde de Hacienda y Administración Pública, Rosa Gallego, anunció ayer que el Ayuntamiento extremará los controles para garantizarse el cobro de los cerca de 70 millones pendientes de pago por sus deudores, de los que más de 58 se consideran de dudoso cobro.
La primera muestra de ese ajuste de cuentas la ofreció ayer el Boletín Oficial de la Provincia, donde se apremia a 6.937 deudores para que se pongan al día con la caja municipal y les advierte de que su deuda sufrirá un recargo de entre el 10 y el 20 % en función de la premura con la que efectúen el pago.
Frente a ese afán recaudador, el Ayuntamiento quiere dar ejemplo. Así, Rosa Gallego destacó como uno de los hitos de estos cien primeros días de gestión municipal la creación de un Registro Central de Facturas con el que el gobierno local pretende rebajar el tiempo de pago a proveedores, que en el 2010 subió hasta los 76 días, el doble del año anterior.
Tras hacer un nuevo repaso de las cifras de la deuda municipal, Gallego hizo hincapié en los once millones de euros de ahorro proyectado en este mandato, entre los que se incluye la cancelación de los seguros privados de los que disfrutaban hasta ahora los concejales de la corporación y que suponían un gasto anual de 31.535 euros, de los que 21.676 corresponden a un seguro médico privado y 9.859 a un seguro de vida y accidentes. «Quienes presumen de abanderados de la sanidad pública disfrutaban de un seguro privado pagado por todos los coruñeses», criticó la edila.
El BNG ya había renunciado
Unas acusaciones que no tardaron en encontrar respuesta en las filas de la oposición. Así, los cuatro ediles del BNG aclararon que renunciaron expresamente al seguro médico privado ofrecido por el Ayuntamiento nada más tomar posesión y que así se lo comunicaron al departamento de Interior, por considerar «que a defensa da sanidade pública tamén consiste en facer uso dos servizos públicos de saúde».
Por su parte, desde el grupo socialista puntualizaron que esos seguros se implantaron en una época en la que los concejales «no tenían derechos sociales, ni a la Seguridad Social ni a las prestaciones por desempleo», que se reconocieron hace solo tres años, al tiempo que aplaudieron la decisión de suprimirlos.
Fuente: La Voz de Galicia
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