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La falta de transparencia de algunos ayuntamientos empieza a costarles dinero. El Ministerio de Economía anunció ayer que un total de 1.022 municipios que no presentaron aún la liquidación de las cuentas de 2010 dejarán de recibir este mes el dinero que les corresponde de los ingresos del Estado. En Galicia hay diez concellos afectados: Ames y Santiso, en A Coruña; Antas de Ulla, Mondoñedo y Xermade, en Lugo; Manzaneda y Vilamartín de Valdeorras, en Ourense; y Agolada, Ribadumia y Rodeiro, en Pontevedra. En total, el Gobierno les retendrá unos 681.000 euros, sin contar las cantidades que ya se queda cada mes por los anticipos excesivos de 2008 y 2009.
Estos diez concellos tendrán que ajustar sus cuentas de octubre a la falta de estos recursos, una partida que, de media, representa el 25% de sus presupuestos anuales. Este nuevo recorte -que será solo temporal ya que Economía desbloqueará los fondos al mes siguiente de que el concello remita la liquidación presupuestaria- agravará la ya de por sí delicada economía municipal aunque con efectos diferentes en cada concello. El caso de Ames, el más grande de los municipios gallegos afectados, es el más grave. Su alcalde, Santiago Amor, culpaba hace un mes del retraso a una "situación heredada" y reconocía que si no llegaba a tiempo, se vería en "apuros" incluso para pagar las nóminas de sus trabajadores ya que los ingresos del Estado suponen unos 373.000 euros cada mes. Para cumplir el plazo, funcionarios municipales trabajan desde hace semanas en turnos dobles pero su esfuerzo no ha sido suficiente. Aunque el alcalde eludió hacer valoraciones hasta hoy, desde el Concello explican que la justificación de los ingresos y gastos de 2010 "ya ha sido formada" y está ahora "en trámite de envío al Ministerio de Economía".
Otros como el regidor de Santiso, el socialista Fernando Suárez, respiran algo más tranquilos y no solo porque hoy se publique en el Boletín de la Provincia la liquidación de 2010 y el concello ultima su envío inmediato a Hacienda, sino porque, en su caso, "todos los capítulos de gasto están cubiertos". Aunque el anterior equipo llevaba mucho retraso con los trámites presupuestarios y a su llegada al concello se encontraron con un "caos" de facturas sin pagar, Suárez explica que el concello "no está asfixiado". "22.000 ó 24.000 euros es dinero, no cabe duda, pero tenemos remanente de tesorería y menos en obras, todos los capítulos de gasto de 2011 están ya cubiertos", aclara.
En el caso de Rodeiro, la decisión, aunque esperada, ha sentado como un jarro de agua fría. Luis López explica que en su concello los presupuestos pendientes se remontan a 2007, lo que le obligó a contratar a un técnico en contabilidad cuando llegó a la Alcaldía en junio. Su intención es "tenerlo todo al día" a finales de enero pero mientras tanto dejará de percibir unos 44.000 euros al mes del Estado.
Una cantidad parecida perderá el concello de Ribadumia porque "la acumulación de tareas y la falta de personal" le impidieron entregar las cuentas en plazo. Así lo explica su alcaldesa, Salomé Peña, que rebate las críticas de la oposición a su supuesta "gestión irresponsable", explicando que en previsión de que esto iba a ocurrir el concello "lleva meses aplicando políticas de contención del gasto" que le permiten ahora "garantizar el pago de las nóminas y las facturas a proveedores sin recurrir a una operación extraordinaria de tesorería ni a créditos". Además, Peña explica que espera aprobar las cuentas de 2010 "antes de fin de año" por lo que Economía solo les retendría 40.000 euros en octubre y noviembre.
Hasta dos prórrogas les concedió el Gobierno a los ayuntamientos para que cumplieran con la obligación legal de remitir la liquidación de las cuentas de 2010. El primer plazo para justificar todos sus ingresos y gastos ante el Gobierno (fijado por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) concluía el 31 de marzo pero muchas entidades llegaron a esa fecha sin ni siquiera haber realizado la liquidación. Economía amplió entonces el plazo inicial hasta el 31 de julio, pero transcurridos esos cuatro meses todavía quedaban 2.514 ayuntamientos (de los 8.114 que hay en España) que no habían informado de la liquidación.
La mediación este verano de l Federación Española de Municipios y Provincias, que pidió a Economía que tuviera en cuenta que algunos de los ayuntamientos incumplidores habían "justificado debidamente" el retraso, sirvió para que el Gobierno aceptase conceder una nueva moratoria a todos los ayuntamientos. Así, aquellos que a 30 de septiembre estuviesen al día con sus obligaciones presupuestarias no se verían afectados por las retenciones.
El ultimátum surtió efecto a medias y en los dos últimos meses más de la mitad de los ayuntamientos que tenían pendiente la liquidación de 2010 ya han remitido al Gobierno sus informes. Para el millar que aún no lo ha hecho, no habrá reparto de fondos hasta que cumplan con su obligación lo que significa que, en total, dejarán de percibir en octubre 13,5 millones de euros.
El Estado no es el único que retiene fondos. El Concello de Ribadumia todavía adeuda a los concejales de la anterior corporación las dietas por asistencia a plenos y comisiones de 2010. En este ayuntamiento, la asistencia a los plenos se paga a 90 euros por edil y sesión, y por ir a las comisiones, 30. La cantidad que se le debe a cada edil varía según el número de plenos y comisiones a las que acudiese, pero en algún caso se sitúa entre los 500 y los 600 euros. El impago afecta a los 11 concejales de la anterior corporación, pero también a los diez que entraron tras los comicios de mayo pasado, en los que el pleno de Ribadumia pasó de 11 a 13 miembros al superar los 5.000 habitantes. Y es que el ayuntamiento tampoco ha pagado las dietas del actual ejercicio.
Fuente la opinión A Coruña
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