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Las firmas relacionadas con el pobrense detenido tuvieron acceso a fondos de un plan para recolocar a 1.500 trabajadores Enrevesada es un adjetivo que se queda corto para calificar la trama de la que supuestamente era miembro destacado el empresario de A Pobra do Caramiñal Alejandro Manuel Dávila Ouviña, que fue enviado a prisión el sábado. La red se extiende casi por toda España y, supuestamente, salpica tanto a empresarios como a abogados y funcionarios de distintos niveles. En teoría, todos ellos participaron de una u otra manera en una estafa que le costó al Estado casi 22 millones de euros. No en vano, el Ministerio de Industria le concedió subvenciones por ese valor a más de veinte empresas vinculadas a Dávila que debían crear puestos de trabajo en Cádiz, pero que jamás llegaron a poner en marcha los proyectos porque esos fondos fueron desviados. Ayer, el Ministerio de Industria señalaba que todavía no recuperó ese dinero y que no puede estimar qué es lo que va a suceder. Eso sí, subrayó que los procedimientos que se llevan a cabo para conceder este tipo de subvenciones son muy rigurosos. Esta circunstancia casa con el hecho de que la estafa estuviese muy bien montada. Al parecer, Ouviña, que en A Pobra pasaba por ser el dueño de una gestoría con poco movimiento, estaba muy bien asesorado. De hecho, distintas fuentes aludían ayer a que incluso tenía argucias para que ante Hacienda todo pasase desapercibido. Este extremo no pudo ser confirmado ayer con el ministerio pertinente, al señalar desde este departamento que no pueden dar datos de ningún contribuyente. Parecido a Ferrolterra Si estafar al Estado ya es grave, la cosa todavía suena peor tratándose del desvío de ayudas que iban a servir para reindustrializar una zona de Andalucía muy castigada por el paro. Se trata de la Bahía de Cádiz donde el cierre de la compañía Delphi Automotive Systems dejó en la calle a 1.500 obreros de difícil recolocación. Entonces, al igual que se hizo en la comarca de Ferrol por el problema de los astilleros, el Estado promovió un plan de dinamización consistente en dar ayudas para poner en marcha proyectos innovadores que generasen empleo. En total, el Ministerio de Industria invirtió 132 millones en Cádiz. De esta tarta de dinero, la trama a la que supuestamente está ligado Dávila se llevó el 20?%. Por tanto, dejaron de crearse numerosos puestos de trabajo. La investigación continúa en la comunidad andaluza y se espera que se vayan produciendo más detenciones. FUENTE LA VOZ DE GALICIA
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