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Los sectores laboral y financiero son blanco de decisiones de última hora
«Lo que he anunciado podría considerarse una medida adicional», afirmaba la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, tras explicar que será la banca, y no los contribuyentes, la que asuma los costes de la reestructuración del sistema financiero. Era septiembre cuando señaló que no se adoptarían más medidas, pero ese mensaje, en el que el Gobierno ha insistido, no encaja con lo que está ocurriendo en este final de legislatura.
El Ejecutivo, a pocas semanas de serlo en funciones, ha aprobado medidas en ámbitos tan sensibles como el mercado laboral, el sector eólico o el financiero. En este último destaca la unificación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para que absorba las pérdidas de la reestructuración, pero en materia tributaria también ha repescado el impuesto sobre el patrimonio. Ahora, y por espacio de dos años se busca algo de alivio para las arcas públicas.
El compromiso pactado con la UE para que dejar el déficit público de este año en el 6 % es, según Salgado, «irrenunciable», y para ello se asumirán recortes en inversión hasta final de año.
Otro de los aspectos en los que el Gobierno ha adoptado medidas en sentido contrario de lo recogido en la reforma laboral -con poco más de un año de vigencia- ha sido en la reducción de la temporalidad. El Ejecutivo aprobó en agosto ampliar el plazo para convertir los contratos temporales en indefinidos, lo que permitirá encadenar los primeros, obviando el límite de dos años de la reforma laboral. En el mismo paquete se incluyó la prórroga de seis meses más de los 400 euros para desempleados sin ingresos que reciban formación.
FUENTE LA VOZ DE GALICIA
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