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La Xunta se ha visto obligada a reformar su Lei de Comercio Interior aprobada en diciembre del pasado año. Forzada por el Gobierno central, por considerar que la norma invadía competencias exclusivas del Estado, la Administración autonómica tendrá que cambiar, suprimir o precisar la interpretación de hasta dieciséis preceptos. Dos de ellos afectan directamente a los criterios de valoración que la Xunta exige para conceder la autorización autonómica de apertura de un gran centro comercial –aquél que cuenta con más de 2.500 metros cuadrados de superficie–. Por una parte, se relaja la entrada en vigor de la exigencia de disponer de una plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de superficie de venta y exposición y, por otra, se elimina la evaluación del impacto sobre los puestos de trabajo que tendrá el nuevo centro comercial en la localidad y de los compromisos de la empresa para dar estabilidad laboral a sus empleados.
El conflicto se inició en abril de este año y lo motivó el Gobierno de Zapatero por entender que la Xunta se extralimitaba en sus competencias. Se abrió entonces un periodo de negociaciones y el pasado 22 de septiembre se llegó a un acuerdo, que pone fin a la controversia, por el que la Xunta acepta modificar, suprimir o reinterpretar dieciséis apartados de su ley. Si las discrepancias se mantuvieran, el Ejecutivo central podría denunciar la normativa ante el Tribunal Constitucional, al cual ya se había dado preaviso.
El artículo más retocado de la Lei de comercio es el 32, el que establece el procedimiento para la obtención por parte de las grandes superficies de la licencia autonómica. La Xunta incluyó en ese artículo, como elementos de valoración para conceder o denegar la autorización, "la evaluación del impacto laboral de la creación o destrucción de empleo en la localidad, la adopción de medidas o compromisos para la estabilidad en el empleo y el número de empleados y empleadas según la unidad de superficie comercial, como indicadores de mejora de la calidad del servicio". Pero este apartado lo tendrá que suprimir, según se comprometió ante el Gobierno central, por lo que desaparecerán los únicos requisitos laborales que la Administración gallega había introducido entre los criterios de valoración para conceder o denegar la autorización autonómica de apertura.
En consecuencia, también se elimina el apartado por el que se exigía un informe previo de la Consellería de Traballo sobre los efectos laborales y el cumplimiento de esos criterios.
Y otro que sufre modificaciones es que el que establece la obligación de disponer al menos de una plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público. Esta exigencia ya no será tan tajante y admitirá excepciones, porque la ley incluirá un nuevo párrafo en este apartado para precisar que esa reserva de plazas de aparcamiento tendrá que ser desarrollada mediante un reglamento específico que será el que determine la entrada en vigor de la medida –por lo que se queda sin efecto temporalmente– y además establecerá las supuestos en que se aplicará una excepción a la exigencia, que ahora no hay.
Los demás requisitos de valoración que se tendrán en cuenta para conceder o denegar la licencia autonómica se conservarán. Entre ellos, figuran que los proyectos se adecuen al planeamiento urbanístico municipal y a las exigencias de ordenación del territorio impuestas por la Xunta; el cumplimiento de la normativa sobre movilidad y accesibilidad; el establecimiento de líneas de transporte colectivo que descongestionen el tráfico rodado; el respeto a toda la normativa medioambiental, incluyendo las medidas destinadas a reducir la contaminación acústica y la emisión de gases con efecto invernadero; y que las nuevas superficies comerciales adopten medidas para conciliar la vida familiar y laboral, como serían la creación de guarderías, ludotecas o salas de lactancia.
Con la introducción de los cambios en la Lei de Comercio, tanto la Xunta como el Gobierno central consideran "resueltas todas las discrepancias" y se da por cerrada la "controversia".
Fuente Faro de vigo
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