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Los empresarios podrán recortar plantilla pagando un máximo de dos años de salario si sus ventas caen durante tres trimestres seguidos. La indemnización para estos casos será de 20 días por año trabajado.
El despido será más barato en España y las empresas tendrán más facilidades para prescindir de trabajadores con contrato indefinido mediante el pago de la indemnización más asequible que prevé el marco laboral: 20 días por año de antigüedad con un máximo equivalente al salario de un año. Para acogerse a este llamado despido objetivo por causas técnicas, económicas u organizativas, las empresas ya no tendrán que tener o prever pérdidas. Les bastará con demostrar una caída de ventas o facturación durante tres trimestres seguidos para hacerlo sin necesidad de que un juez lo ratifique.
La reforma del mercado de trabajo que ayer aprobó el Consejo de Ministros incluye cambios en el tratamiento del despido de un calado sin precedentes en treinta años y que afectan al conjunto de los asalariados con contrato estable -8,7 millones en España-. La nueva norma aspira a detener la escalada del desempleo también con recetas de mayor flexibilidad en la negociación colectiva y en la organización interna de las empresas y con incentivos para la contratación, sobre todo de los jóvenes.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, había anticipado, durante una conversación privada con un dirigente de la UE en Bruselas, que el Gobierno de Rajoy se disponía a aprobar una reforma laboral "extremadamente agresiva". El documento que ayer presentó la titular de Empleo, Fátima Báñez, y que hoy publicará como decreto el Boletín Oficial del Estado (BOE) -aunque se tramitará como proyecto de ley, por lo que podrá modificarse en su tramitación parlamentaria- entra en territorios que evitaron transitar reformas anteriores, incluida la que en 2010 promovió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Tres de los cambios de mayor calado se refieren al coste del despido.
. Los 33 días.. La gran mayoría de los trabajadores fijos tienen en la actualidad contratos ordinarios que, en caso de despido improcedente -el más frecuente ahora-, dan derecho a 45 días de salario por año trabajado, con una compensación máxima igual al sueldo de 42 meses -tres años y medio-. Otros trabajadores tienen los llamados contratos de fomento del empleo, con 33 días de indemnización y un límite de 24 mensualidades. La reforma laboral generaliza ahora la regla de los 33 días, aunque "respetando los derechos adquiridos". Esto es, todos los nuevos contratos fijos darán derecho a 33 días por año en caso de despido improcedente, en tanto que para los ordinarios vigentes se establece una doble escala: la indemnización se calculará por 45 días para los años transcurridos desde la firma del contrato hasta la entrada en vigor de la reforma y por 33 días el tiempo trabajado a partir de esa fecha. En esos supuestos se mantiene el límite de 42 mensualidades.
. Los 20 días. Pero el cambio de mayor alcance se refiere al llamado despido objetivo, aquel que el empresario fundamenta en razones económicas, técnicas u organizativas y que, en caso de ser reconocido como tal por los jueces, deja la indemnización en 20 días por año de antigüedad y un máximo equivalente al salario de un año. La inconcreción del Estatuto de los Trabajadores al determinar en qué condiciones está justificado este despido había limitado hasta ahora su uso. Incluso después de que el anterior Gobierno introdujera algunas modificaciones. Así que, incluso en medio de la crisis, las empresas han seguido utilizando básicamente el despido improcedente exprés -reconocer la improcedencia de manera instantánea para evitar pleitos e indemnizar con 45 días-. La nueva reforma puede dar la vuelta a esa situación, tal y como reconocieron ayer expresamente fuentes del Ministerio de Empleo. Es así porque bastará con que la empresa acredite tres trimestres consecutivos de caída de ingresos -ventas o facturación- para acogerse al despido de 20 días. Lo podrá hacer un empresario, aunque tenga beneficios, si cumple la condición de la disminución de ventas. En un contexto de recesión económica como el de España, esa puede ser una situación muy extendida en las cuentas de los negocios, por no decir generalizada. La ministra Báñez precisó que los jueces seguirán teniendo la última palabra sobre el despido objetivo.
. Los ERE.. La reforma suprime la autorización administrativa previa de los expedientes de regulación de empleo de extinción -despidos colectivos-, cambio que favorece el abaratamiento en los despidos colectivos al reducir el margen de negociación de los sindicatos. Los empresarios estarán obligados a notificar su pretensión de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) a la autoridad laboral y abrir al tiempo un periodo de consultas para negociar con los trabajadores. En caso de no llegar a acuerdo, decidirá el empresario la indemnización a aplicar y los afectados sólo podrán acudir a la vía judicial, una decisión que el Ministerio de Empleo descarta que vaya a congestionar aún más los tribunales. Las grandes empresas que presenten un ERE para más de 100 trabajadores, tendrán que contratar los servicios de otra compañía externa para elaborar un plan de recolocación externa de al menos seis meses de duración. Se suprime la necesidad de autorización administrativa previa también para los expedientes de regulación que reducen la jornada laboral o suspendan contratos.
La reforma laboral presentada ayer por el Gobierno y que hoy entrará en vigor suscitó ayer el aplauso de las patronales CEOE y Cepy me y el rechazo del conjunto de la izquierda, mientras los sindicatos meditan la convocatoria de movilizaciones en la calle.
Las grandes patronales nacionales indicaron ayer que la reforma laboral va "en la buena dirección" para la recuperación del empleo y sienta las bases para un mercado más eficaz y flexible. Valoraron que se elimine la necesidad de contar con autorización administrativa para aplicar ERE y, sobre todo, que se definan las causas de despido por razones económicas.
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, afirmó en su cuenta de Twitter que "cada detalle que se conoce de la reforma laboral de Rajoy me preocupa más. Todo es para abaratar el despido". Jesús Caldera, portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo afirmó que el país está ante un "decretazo" que abarata el despido de todos los trabajadores, reduce su protección y mostró sus dudas de que la rebaja en la indemnización de 45 días a 33 días por contrato ordinario sea legal.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, pidió la convocatoria de movilizaciones en la calle para frenar un "nuevo entuerto" contra los derechos de los trabajadores. Afirmó que no se creará empleo y alerto de que se aleja la salida de la crisis. En cuento a la posibilidad de que se convoque una huelga general, indicó que la iniciativa corresponde a los sindicatos, pero sí insistió en la necesidad de convocar movilizaciones.
Los dos sindicatos mayoritarios analizaban ayer la reforma laboral y se espera que sea hoy cuando se posicionen. Pero desde UGT y CCOO ya se ha adelantado la posibilidad de que se inicien protestas en la calle ante un decreto que traerá "más precariedad" en lugar de fomentar el empleo.
El BNG, por su parte, denunció que la reforma laboral se ha hecho para "contentar a los poderosos" y reprochó que el cambio "será agresivo sólo con los trabajadores". La diputada gallega Olaia Fernández Davila considera que la reforma "está configurada al modo de la patronal, hecha a su servicio y a medida de sus intereses", por lo que "es evidente que será una normativa agresiva con los trabajadores".
Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, consideró que aunque la reforma laboral "está bien orientada" y "es necesaria", no sirve para crear empleo a corto plazo, y añadió que debería ir acompañada de un plan de choque contra el paro.
Alfred Bosch, portavoz de ERC, advirtió de que la reforma abarata el despido y facilita la salida y no la entrada al mercado de trabajo.
Fuente la Opinión A Coruña
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