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Aunque la inmensa mayoría de las cajas, entre ellas la gallega, lo barajaron como un alivio al lastre de sus cuentas, solo las dos grandes optaron finalmente por la fórmula de un banco malo para arrinconar los millonarios activos problemáticos ligados al ladrillo La Caixa, Caixabank ahora, a través de su firma inmobiliaria Servihábitat y Bankia, con la cesión a su matriz, Banco Financiero y de Ahorros. No es un camino fácil, porque hay que aprovisionar igual las diferencias de valor y las posibles -y elevadas- pérdidas esperadas en toda la cartera de viviendas o suelo, en los créditos a promotores, que disparan la morosidad.
El sector sigue con la idea en la cabeza, pero con otras dimensiones. Varios de los principales líderes financieros han dejado caer estos últimos días la propuesta de crear un banco malo para el conjunto de las entidades, casi como una petición en la contienda electoral. El PP siempre ha defendido, y así consta en su programa, que lo principal es sanear al sistema. "Los esfuerzos hasta ahora no han valido", reconocía la pasada semana el consejero delegado del Banco Sabadell, en referencia a las medidas impulsadas para aliviar el impacto de la burbuja inmobiliaria en cajas y bancos. Más de 100.000 millones acumula el sector en limpiar sus balances. Así que, según Jaume Guardiola, "ahora" es "un buen momento" para apostar por esta solución. Él mismo proponía un fondo ligado al Estado que adquiriese los activos de las entidades con el correspondiente descuento -y que el sector, teóricamente, ya ha aplicado con sus provisiones- y a cambio de bonos del propio fondo. O, lo que es lo mismo, deuda pública.
Como un comprador a lo grande de pisos, terrenos o emisiones ligadas a las propias hipotecas, incluso de participaciones en grandes grupos constructores que viven su peor momento en Bolsa y un futuro poco prometedor. De esta manera, la amenaza de los impagos empezaría a estabilizarse en las cuentas del sector que, sobre todo, respiraría aliviada por no tener que llevar desde sus mermados resultados a la hucha una parte del valor de todos los inmuebles cada vez que acumula un año sin ventas. Un problema todavía mucho más grave en el caso del suelo, que hoy no encuentra interés ni regalado.
Los últimos datos del Banco de España sobre la exposición del sistema al sector más golpeado por la crisis siguen siendo de vértigo. Al cierre de la primera mitad del año, los activos problemáticos -los que se descarta ya su cobro, los que llegan a manos de las entidades como pago de deuda y los que están sometidos a vigilancia por sus elevados riesgos de mora- sumaban 176.000 millones de euros. Un 52% sobre el volumen total de activos ligados al ladrillo, un 11,4% de todos los créditos concedidos y un 5,2% del balance. Las provisiones cubren el 33%.
A esa sociedad pública le tocaría gestionar las propiedades. Encargarse de su venta y del control de los préstamos a punto de entrar en mora. La limpieza de las cuentas permitiría a las entidades asimilar todo el beneficio que sean capaces de generar, sin desinversiones, sin extraordinarios, en un contexto en el que la actividad financiera, además, no está para muchas alegrías. Y para hacerlo, el banco malo tendría que garantizarse liquidez suficiente. Lo más probable es que los ingresos por ventas no cubran durante años la inversión.
El Sabadell no está solo en su impulso a esta especie de segregación en masa del principal quebradero de cabeza del sector financiero español. Otro de los directivos de referencia, Juan María Nin, consejero delegado de Caixabank, habla abiertamente de una "muy buena idea". "Permitiría tener una visión clara y despejar la incertidumbre y la volatilidad", aseguraba la pasada semana. Nin es el primero en advertir que no valdría hacerlo de cualquier manera. Requiere que el precio de los activos que se aporten sea "correcto".
¿Por qué de repente surge esta idea? Sobre todo, porque la situación se está haciendo insostenible para las entidades, obligadas además, las cinco grandes, a otro esfuerzo de recapitalización por orden de Bruselas. Las medianas todavía digieren los cambios de la bancarización de la cajas. Pero probablemente también porque en tiempo electoral es hora de buscar el guiño de políticos y porque el PP, al que todas las encuestas vaticinan una clara victoria, deja entrever que algo así está en sus planes.
"Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen. La puesta en el mercado de ese patrimonio se hará con criterios de transparencia, concurrencia y supervisión independiente", refleja el programa electoral de los populares. Cristóbal Montoro, portavoz económico del partido, se ha apurado a descartar que el Estado "se quede con las pérdidas del sistema financiero sin más", "un banco malo que socialice las pérdidas". La intención es "cambiar las perspectivas fiscales" de las pérdidas que se puedan producir por depreciación de los activos.
FUENTE: LA OPINION A CORUÑA
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