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Gobierno y PP presentaron ayer en público el acuerdo alcanzado de madrugada sobre la ley Orgánica que debe desarrollar el artículo 135 de la Constitución, una vez que sea reformado por el Congreso para que incluya una referencia al límite de déficit público. El creciente malestar en el PSOE provocó el jueves que decayese la voluntad expresada por el presidente del Gobierno de que el límite quedase inscrito con todos sus números (0,35% era la propuesta de Zapatero) en el propio texto constitucional.
El acuerdo fija el déficit máximo en el 0,40% del PIB, porcentaje que deberá ser alcanzado en 2020, pero que puede ser revisado antes (en 2015 y 2018) a petición de cualquiera de los dos partidos firmantes.
Tras ser entregado en el registro del Congreso por los portavoces parlamentarios socialista, José Antonio Alonso, y popular, Soraya Sáenz de Santamaría, el acuerdo fue explicado por el Gobierno, el candidato socialista y el PP.
El portavoz del Ejecutivo, José Blanco, prefirió poner el acento en el papel desempeñado por Alfredo Pérez Rubalcaba en la negociación, ya que de esta manera respondió a los ataques del PP, que sostenían que había permanecido al margen. Para el ministro portavoz, el papel de Rubalcaba ha sido "el que corresponde al líder del PSOE", esto es, fijar la posición del partido en la negociación. A juicio de Blanco, esta función de establecer "la orientación y el contenido" del acuerdo es la misma que ha desempeñado el líder popular, Mariano Rajoy.
No fue ésta la visión que transmitió Sáenz de Santamaría, para quien las grandes decisiones han correspondido al presidente Zapatero y a Rajoy, mientras que Rubalcaba no participó.
Horizonte electoral
Más allá del rifirrafe con horizonte electoral, Blanco explicó que el Gobierno cree que se deben sumar al acuerdo otros partidos, por lo que Zapatero ha invitado al PSOE y al PP a que traten de ampliarlo. Sin embargo, ayer mismo, CiU, PNV e IU, por sólo citar a los grandes entre los pequeños, se mostraron contrarios al texto pactado y exigieron que la reforma sea aprobada por los ciudadanos en referéndum.
La consulta en las urnas es algo de lo que ni PP ni PSOE quieren oír hablar, aunque podría celebrarse el 20-N, en coincidencia con las elecciones generales, y para ello sólo sería necesario que fuera convocada con un mes de antelación, esto es, el próximo 20 de octubre, dentro de casi dos meses.
El candidato Rubalcaba dejó claro que no ve necesario el referéndum. El exvicepresidente aprovechó su comparecencia de ayer para ofrecer a los grupos parlamentarios "cierta flexibilidad" en la negociación, con el objeto de sumar cuantos más apoyos, mejor. Para Rubalcaba, que cita la propia Carta Magna, las reformas que no afecten a los derechos fundamentales no requieren consulta popular. "Yo voté la Constitución, me la creo, creo que hay que cambiar algunas cosas, pero mientras esté en vigor, la cumplo", remachó.
Preguntado por las reticencias que la reforma ha suscitado en amplios sectores del PSOE, Rubalcaba explicó que él también tenía reticencias hasta que lo convenció Zapatero, aunque no reveló cuáles fueron las armas de persuasión de la Moncloa. El candidato invitó a los reticentes a leer el texto y auguró que, tras esa lectura, "seguramente muchas de ellas habrán desaparecido y ya no existirán".
La redacción final del acuerdo aplacó los ánimos en las filas socialistas, tras el malestar expresado por varios dirigentes del partido, disconformes con fijar un techo de déficit exacto en la Constitución.
No ha convencido, sin embargo, al diputado y exsecretario de CCOO, Antonio Gutiérrez, y al líder madrileño, Tomás Gómez, le parece que los españoles están ya "un poco cansados" de que los gobiernos envíen mensajes a los mercados. Con el fin de explicar a sus cuadros las razones de la urgencia, el PSOE reunirá el lunes a su Ejecutiva, a los barones territoriales y al grupo parlamentario.
Al margen de sus ataques a Rubalcaba, Sáenz de Santamaría, que elogió la actitud del portavoz socialista, José Antonio Alonso, calificó el pacto de "buen acuerdo" que dota a la economía española de la confianza que necesita y "pone a salvo el Estado del bienestar y las políticas sociales". También resaltó que el pacto es positivo porque "marca un consenso clave en una de las principales reformas que necesita la economía española". Según el PP, este pacto asegura mayor transparencia de gobierno; evita que se trasladen a generaciones futuras las consecuencias de "los excesos" presupuestarios; y sitúa a España a la "vanguardia de la nueva política económica europea".
Una vez perfilados ya todos los puntos de la reforma, ahora debe ponerse en marcha en la práctica. Para ello, el presidente del Congreso, José Bono, ha convocado un Pleno extraordinario para el próximo martes, a fin de votar la toma en consideración del cambio constitucional y su tramitación por el procedimiento de urgencia. La toma en consideración no requiere una mayoría cualificada (tres quintos), a diferencia de la aprobación, que presumiblemente se producirá en otro pleno, el próximo viernes.
Fuente: La opinión A Coruña, 27/08/2001
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