Empleo planea pagar a las agencias que coloquen parados

Obtendrían entre 300 y 3.000 euros por encontrarles un trabajo

 El Ministerio de Empleo ultima un acuerdo marco con las agencias privadas de colocación para la inserción de parados cuyo último borrador, enviado a las comunidades autónomas, incluye el pago a las agencias privadas de hasta 3.000 euros por conseguir un contrato de seis meses a un desempleado de larga duración mayor de 45 años. La nueva norma también incorpora otros abonos de los que no se había hablado hasta ahora.

Según el pliego del acuerdo, que sigue lo que se hace en otros países, las agencias privadas podrán recibir una cantidad fija de la Administración por cada persona cuya inserción se le encomiende «con independencia del resultado». Esta cuantía no podrá superar el 50 % de lo que cobraría por recolocar a ese parado, con un límite de 400 euros, incluido el IVA.

Tiempo y edad

Las tarifas incluidas en el pliego de condiciones por cada parado recolocado varían en función de la edad y del tiempo que lleve en el desempleo. Así, por encontrar trabajo a un joven que lleve menos de seis meses sin encontrarlo, la agencia privada cobraría 300 euros, que se dispararían hasta los 1.100 si hace más de un año que está en paro. Y si el desempleado tuviera más de 45 años y llevara más de dos sin trabajar, el Estado pagaría a la agencia 3.000 euros. Además, se abonará un incentivo de hasta 1.000 euros más «por especial dificultad de inserción o riesgo de exclusión».

También se prevé otro incentivo «por el mantenimiento continuado en el empleo» de seis meses más respecto a los seis iniciales, que permitirá a la agencia cobrar hasta el 50 % del pago por la inserción, es decir, entre 150 y 1.500 euros más.

En el borrado hay otro punto muy polémico, que es el «incentivo por resolución de irregularidades», por el que se pagará hasta el 15 % de lo que se hubiera abonado por recolocar al parado. Para ello, es necesario que la agencia privada proporcione información, obtenida durante el servicio de inserción, que permita a los servicios públicos de empleo sancionar al desempleado por alguna infracción.

Fuente: La Voz de Galicia