España cambiará la Ley sobre desahucios obligada por la justicia europea

 Rajoy asegura que su Gobierno ya está trabajando en modificar la legislación pero «garantizando en todo momento la seguridad jurídica»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha informado hoy de que el Ejecutivo está trabajando ya para adecuar la normativa española sobre desahucios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero garantizando en todo momento la seguridad jurídica.

Rajoy, quien ya había aludido a esta sentencia que considera esa norma española contraria al derecho comunitario asegurando que se modificará, se ha vuelto a referir a ella en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la primera jornada del Consejo Europeo. Ha recordado que la ley sobre desahucios data «de tiempo inmemorial» y ha señalado que lo que importa ahora es que el Gobierno tome una decisión «que respete el espíritu de la sentencia y que, al mismo tiempo, garantice la seguridad jurídica». «La sentencia se ha conocido por la mañana, pero el Gobierno ya está trabajando y supongo que, con la mayor celeridad posible, responderemos a esta situación». ha recalcado.

Mohammed Aziz, el desahuciado que recurrió ante la UE

Mohammed Aziz, el propietario desahuciado que cuestionó ante la UE la legislación hipotecaria española, espera que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo le permita recuperar su piso, con el que perdió «mucho dinero y mucho esfuerzo» al haber pagado las letras de su crédito durante 8 años.

Aziz se ha mostrado «muy emocionado y contento» por la sentencia del Tribunal que Luxemburgo que, a raíz de la demanda que planteó su abogado contra el banco que lo desahució, ha fallado que los procesos de ejecución hipotecaria son contrarios a la legislación europea de protección de consumidores. Actualmente parado y con tres hijos, fue desahuciado del piso de Martorell (Barcelona) que había comprado por no poder pagar la hipoteca que suscribió con CatalunyaCaixa, entidad que además de quedarse con la vivienda le exige ahora 40.000 euros en concepto de intereses.

Fuente: La Voz de Galicia