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El conjunto de la Administración española tendrá que afrontar en 2012 un ajuste fiscal (mediante recortes del gasto y en su caso incrementos de los ingresos) que puede superar los 20.000 millones de euros, según una estimación realizada por miembros de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), observatorio al que está vinculado el llamado grupo de "los Cien" economistas. De confirmarse esa cantidad, el país se enfrenta, bajo el futuro Gobierno de Rajoy, a un recorte mayor que el emprendido por Zapatero en la primavera de 2010 y que incluyó la congelación de las pensiones y una rebaja salarial para los empleados públicos. Ese nuevo ajuste que se avecina equivale, por ejemplo, al doble del presupuesto anual de la Xunta de Galicia (9.135 millones en 2012).
Otro cálculo: "Cada ciudadano perderá de media, en el primer año de gobierno, unos 500 euros en servicios públicos y transferencias", se resume en el documento titulado "Cómo poner en marcha un programa de reformas estructurales", obra de cinco economistas vinculados a la consultura estadounidense Mackinsey & Company y a Fedea. Entre estos últimos figuran Pablo Vázquez, director de la fundación, y Luis Garicano, de la London School of Economics, dos de los pesos pesados de "los Cien", grupo de intelectuales de orientación liberal que mantiene desde 2009 una prolífica generación de propuestas y reflexiones sobre la crisis.
La Unión Europea (UE) ha reafirmado esta semana su apuesta por la disciplina presupuestaria para contener la crisis del euro, y el presidente electo, Mariano Rajoy, ha manifestado su determinación de cumplir "impecablemente" con el control del déficit. Vienen tiempos de sacrificios, ha dicho también el líder del PP, que se guarda por el momento los pormenores de su política de austeridad. "La primera decisión a la que se enfrentará el nuevo gobierno será anunciar, de forma creíble, dónde va a realizar los recortes necesarios parra cumplir con los objetivos del déficit. Este anuncio será una señal clave para los mercados", anotan los autores del informe que promueve la cátedra Mackinsey de Fedea, dirigida por Garicano.
No se conoce dónde pero sí cuánto tendrá que ajustar Rajoy para ser impecable con las obligaciones comprometidas con Bruselas. La hoja de ruta que presentó a la UE el Ejecutivo saliente y que asume como propia el PP implica que en 2012 el déficit del conjunto de la Administración española (estatal, autonómica y local) debe reducirse al equivalente al 4,4% del producto interior bruto (PIB). "Dado que en el mejor de los casos, como anticipa la Comisión Europea, el cierre del ejercicio de 2011 estará en el 6,6% (frente al objetivo del 6%), el ajuste en 2012 deberá ser importante, equivalente a 20.000 millones. Esta reducción no va ser posible sin contar con la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos", previenen los referidos economistas.
Sobre el papel, el déficit público puede enjugarse por dos vías: rebajando el gasto o aumento los ingresos. Con la economía española asomándose como el resto de Europa a una nueva recesión, la posibilidad de ingresar más sin subir los impuestos es remota. Y la opción de subirlos, como hizo el PSOE con el IVA o los tributos especiales, pondría al PP ante la tesitura de empezar a gobernar pasando por alto una de sus promesas electorales. Algunos organismos internacionales, como la OCDE, ya han sugerido que España puede verse obligada a volver a tocar el IVA si quiere cumplir el objetivo de déficit, una meta que el presidente Rajoy considera "irrenunciable", como también lo ha sido para el equipo económico del presidente Zapatero.
El ajuste vendrá sobre todo por el gasto y alcanzará de manera capital a las Administraciones autonómicas, según el conenso de los expertos. La comparación con los recortes que Zapatero activó en mayo de 2010, para contener la desconfianza hacia España en los mercados financieros, dan la medida del calado que tendrán futuros "tijeretazos": la congelación de las pensiones durante un año, la rebaja de un 5% en los salarios de los funcionarios, la supresion del cheque-bebé y el frenazo emprendido en la inversión pública, entre otras medidas, propició un ahorro de 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011, cinco mil millones menos de lo que se calcula ahora para 2012.
El ajuste fiscal es uno entre otros grandes asuntos que el informe Mackinsey-Fedea comenta sobre las tareas económicas más enjudiosos que tiene por delante el nuevo Gobierno y que más pueden afectar a los ciudadanos. El objetivo general de la nueva política económica, sugieren los autores, debe ser el siguiente: "Restablecer la estabilidad económica, garantizar un estado del bienestar sostenible y asegurar la vuelta al camino del crecimiento".
¿Cómo hacerlo? El documento pide "una agenda urgente de reformas profunda que tiene que lanzarse en los cien primeros días del nuevo Gobierno". "De lo contrario, existe una elevada posibilidad de que entremos en una espiral descendente imparable de pérdida de confianza", añaden los economistas de Fedea. Y plantean que el Ejecutivo se guíe por las experiencias exitosas de otros países (Suecia y Canadá, entre otros) para actuar en tres frentes que el citado grupo de expertos considera prioritarios: completar el saneamiento de la banca para que se restablezca el crédito; actuar sobre el sector público, mediante una reforma fiscal profunda y con medidas que mejoren la eficiencia del gasto y salvaguarden los servicios esenciales (sanidad, educación, justicia...), y alentar el crecimiento del sector privado con otras reformas, incluida una nueva del mercado de trabajo, que favorezcan "un impulso muy agresivo de la actividad empresarial.
Fuente: Faro de vigo
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