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Transparencia y control en los contratos. Con ese objetivo, la Consellería de Facenda ha dado el primer paso tras el toque de atención del Consello de Contas por el abuso de la Administración de la contratación público-privada, una fórmula que en los últimos tres años se ha multiplicado. Días después de que el órgano fiscalizador reclamase a la Xunta más control y la emplazara a fijar "límites" para que esta fórmula no comprometa gastos que repercutan en futuros ejercicios, el departamento que dirige Marta Fernández Currás anunció ayer que pedirá al Consello de Contas un dictamen en el que haga una propuesta técnica sobre los límites financieros de la colaboración público-privada de la que ha echado mano el Gobierno autonómico para infraestructuras viarias o para, por ejemplo, el nuevo hospital de Vigo.
Ante esta situación, el conselleiro maior de Contas emplazó la semana pasada a la Xunta a fijar límites para este tipo de contratos. Ayer, Facenda defendió que Galicia es la comunidad autónoma "que está aportando una mayor transparencia" y ejerciendo "un mayor control" en el uso de este tipo de fórmulas. "Para reforzar esta posición, el Gobierno autonómico solicitará al Consello de Contas un dictamen para que formule una propuesta técnica sobre los límites financieros para esta fórmula de financiación".
Tras destacar que el último informe de Contas "avala el uso que está realizando el Ejecutivo autonómico de este tipo de contratos", la Consellería de Facenda destaca que la Xunta ha introducido en la Ley de Presupuestos de 2011 un artículo por el que el departamento que dirige Fernández Currás debe emitir, con carácter previo a la aprobación de alguna colaboración público-privada, un informe preceptivo y vinculante sobre estas actuaciones.
En ese documento, según apunta Facenda, debe aparecer un análisis del coste financiero de la operación, así como de la repercusión de los compromisos para presupuestos futuros y su incidencia sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El departamento autonómico destaca que su análisis se hace en términos de contabilidad nacional y tiene en cuenta la coherencia de la intervención que se propone con la planificación estratégica de la Xunta y su impacto en la economía gallega y el equilibrio territorial. Asimismo, estudia las garantías que se obtienen con el contrato.
El Gobierno gallego recuerda además que cualquier proyecto que no esté previsto en el presupuesto -las colaboraciones privadas son operaciones extrapresupuestarias- debe ser remitido al Parlamento de Galicia, junto con el informe de Facenda, con el fin de "garantizar la solvencia de las cuentas autonómicas". Este "esfuerzo por aportar transparencia" se completa, según la Xunta, con la ley de disciplina presupuestaria, que obliga a incorporar en las cuentas anuales un apartado sobre estas fórmulas.
FUENTE: LA OPINION A CORUÑA
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