El Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) se convirtió a finales de abril en el primer concello gallego en posicionarse a favor de la dación en pago, una fórmula legal que en otros países permite que la entrega del piso salde la deuda hipotecaria con el banco. La moción, presentada por una asociación vecinal, fue defendida en el pleno por María, empleada en un supermercado, con dos hijos, y el marido en paro, a quien una entidad bancaria embargó una vivienda que había recibido en herencia y le sigue reclamando dinero.
Moaña fue el primero, pero los colectivos de afectados, un movimiento descentralizado y asambleario, ya preparan otras mociones en más ayuntamientos gallegos siguiendo el ejemplo de lo que está sucediendo en decenas de municipios de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
4.000 embargos
En los últimos dos años se han ejecutado en Galicia unos 4.000 embargos de viviendas, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Las ejecuciones se dispararon a partir del 2008, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y en el primer trimestre del 2011 van a ritmo de siete cada día. 628 en apenas tres meses, casi las mismas que en todo el 2007.
Detrás de las cifras están vidas rotas, miseria y vergüenza. Las que padecen los que se encuentran de repente en la calle y no saben a quién recurrir. María trató de ayudar a una vecina, una profesora que se topó con la cerradura cambiada y parte de su nómina retenida. Se esfumó. En el colegio público de A Guía solo saben que causó baja.
«La gente tiene miedo a visibilizar su problema», explica José Miguel Rodríguez, de Stopdesahucios, un colectivo coruñés que se sumará a la marcha del día 25 convocada en todo el Estado para frenar los desahucios. 245.000 en los últimos tres años, 21.000 en lo que va del 2011.
Un representante de las inmobiliarias gallegas, al valorar esta semana el desplome de las ventas de pisos, advertía: «Todo el negocio está en manos de la banca, colocan sus pisos, no dan hipotecas para otros y? ¿quién se atreve? Han ejecutado más de 300.000 embargos desde que estalló la crisis y están en marcha 200.000 más».
«A la banca no le interesa ni quedarse con los pisos, porque han perdido valor, ni llegar a la ejecución, porque siguen perdiendo y afecta a su imagen», reflexiona un portavoz de Agencia Negociadora, una consultora independiente. El problema, advierten desde Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas), es que las entidades financieras «no quieren negociar». «Nos llegan casos de personas que acaban de recibir una vivienda de protección y no encuentran dónde hipotecarla; y otros que compraron en construcción, dieron la entrada y tampoco les dan la hipoteca? Se quedan sin piso y sin el dinero que entregaron», indica María Queijas.
Y cuando el banco no cede, el problema se enquista. Como el de M.?G., de 41 años, empleada por horas en una panadería en Vigo (200 euros al mes). Era hace unos años propietaria de una tienda de cosmética. Tuvo que cerrar su negocio e hipotecó una casa de su padre por 190.000 euros para hacer frente a las deudas. En el 2008, mientras renegociaba el préstamo, la entidad la denunció en el juzgado y le quitaron 10.000 euros de lo que ya había pagado para costas. Luego, le concedieron otro crédito por 40.000 euros para lo que necesitó el aval, entre otros, de su hermana.
La institución financiera se ha negado a aceptar la dación en pago y le sugiere que entregue la vivienda hipotecada y asuma un crédito de 35.000 euros. Paga recibos de 1.000 euros para mantener la propiedad y evitar que el aval de su hermana, otra vivienda, se vea afectado.
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