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La Lei de Política Industrial eliminará la autorización administrativa previa
El Gobierno de Feijoo pretende que la fallida experiencia de la planta de baterías que Mitsubishi pretendía instalar en los terrenos de la Plisan, en el concello pontevedrés de Salvaterra do Miño, no vuelva a repetirse. La necesidad de aligerar la cadena de trámites administrativos que dilató la puesta a disposición de los terrenos necesarios para aquella industria es uno de los propósitos que ha animado a la Xunta a impulsar una Lei de Política Industrial que permitirá suprimir más de nueve procesos para hacer más atractivo el asentamiento en la comunidad de grandes proyectos empresariales de carácter estratégico.
Para beneficiarse de unas medidas que el conselleiro Javier Guerra esbozó ayer como «novidosas e case revolucionarias», la Xunta ha colocado el listón en aquellos proyectos que superen los 50 millones de inversión y que permitan crear al menos 250 empleos. Esa declaración de proyecto industrial estratégico, que precisará de aprobación por parte del Consello de la Xunta, supondrá la declaración inmediata de la incidencia supramunicipal del proyecto y permitirá resolver de forma automática procedimientos relacionados con las licencias de actividad, la obtención de ayudas y subvenciones y, por supuesto, la disposición del suelo industrial necesario. Además, en consonancia con lo que establece la legislación europea, la norma zanjará la necesidad de autorización administrativa previa al inicio de una actividad industrial, que de este modo será efectiva de forma directa con la presentación del proyecto y la declaración responsable.
Tramitación más ágil y sencilla
En la comparecencia posterior a la reunión del Consello de la Xunta, Feijoo subrayó que estas medidas buscan facilitar «a implantación e consolidación de novos proxectos industriais estratéxicos de relevancia para Galicia», por medio de la creación de esa nueva figura jurídica «para que eses proxectos teñan unha viabilidade desde o punto de vista administrativo moito máis rápida e sinxela». El presidente observó que Galicia trata, en definitiva, de buscar un modelo estratégico para la industria gallega.
Guerra, que compareció junto a Feijoo, sintetizó los objetivos de la ley en la innovación, internacionalización y, en definitiva, la mejora de la competitividad de la economía gallega. En ese sentido, una de las apuestas de la norma es fomentar la cooperación empresarial a través del clúster. Para ello, el proyecto que ahora será remitido a la mesa de diálogo social como paso previo a su tramitación parlamentaria contempla la aprobación de un plan director de industria y la creación de un registro de clústeres. Otra figura de nuevo cuño será el Consello Galego de Industria, que dará entrada a los agentes sociales, colegios profesionales y Fegamp, que participarán junto a la Xunta en el diseño «dunha nova política industrial en Galicia co maior acordo posible».
Fuente: La Voz de Galicia.
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