Autónomos y pequeños empresarios alertan de que los talleres mecánicos concentran prácticas ilegales que ponen en peligro el sector.
Alertados por el colectivo empresarial, el Gobierno central y la Xunta estrecharán la vigilancia sobre la economía sumergida en los talleres de reparación de automóviles de la comunidad, donde el sector de la pequeña empresa detecta el mayor número de prácticas irregulares que merman sus ingresos y rompen los principios de competencia leal. Samuel Juárez, delegado del Gobierno en Galicia, anunció ayer, después de una reunión con una representación de empresarios gallegos, la puesta en marcha de un plan de acción conjunto con las consellerías de Traballo, Facenda y Medio Ambiente para combatir las actividades económicas encubiertas.
Juárez, en sintonía con los empresarios a los que recibió ayer en A Coruña, recalcó que los problemas que genera la economía sumergida se descubren principalmente en el sector de los talleres mecánicos, aunque también localizó actividades deshonestas en la venta de vehículos de segunda mano en la calle, en el servicio de taxi y en trabajos de electricidad y fontanería.
En los últimos meses, Inspección de Trabajo ha levantado "más de 70 actas" en talleres irregulares, cifra el delegado del Gobierno en Galicia, quien insiste en que estas actividades preocupan a la Administración por "la pérdida de ingresos del Estado y por la merma en la calidad de los servicios".
Juárez advierte, no obstante, de que estas prácticas que se desvían de la legalidad "son difíciles de detectar y atajar, porque se producen en lugares difíciles de inspeccionar que en ocasiones están en domicilios particulares", que no pueden ser violados.
Los empresarios añaden, por su parte, que solamente en Pontevedra se detectaron en los últimos tres meses 150 irregularidades en los talleres de reparación de esa provincia. "Y sabemos que hay más en toda Galicia", afirma José Ramón Caldas Martínez, presidente de la Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenas Empresa de Galicia (APE Galicia).
La acumulación de casos y la consiguiente desventaja a la que se ven expuestos los empresarios del sector ha movilizado al Gobierno gallego. "Tenemos diseñado un plan de actuación con un seguimiento a lo largo de los próximos meses", explicó Juárez. "Van a participar las asociaciones de empresarios de los sectores afectados, que nos darán informaciones de esas actividades irregulares, además de la Xunta a través de Hacienda, Inspección de Trabajo, y Medio Ambiente".
"Hasta ahora, incluso en los peores momentos, nunca hemos visto peligrar el sector, que genera un 95% de empleo fijo, pero en estos momentos sí. El momento es difícil porque aunque no caen los talleres, los hay clandestinos, que ponen en peligro las empresas que llevan tiempo asentadas y que podrían tener que cerrar. Esa gente no aporta nada a la Administración porque no paga impuestos de ningún tipo. Y sus servicios, en algunos casos, salen más caros para el usuario porque el trabajo que hacen no tiene garantía y no se puede reclamar por ello al terminar", alertaba ayer Enrique Fontán Hermida, presidente de la Asociación Autónoma de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra.
FUENTE: LA OPINIÓN
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