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Los políticos se han consolidado como el tercer problema para los españoles en los barómetros del CIS, tras el paro y la crisis económica. La desafección hacia la política crece. Además, los ciudadanos suspenden a todos los líderes, incluso al que va a ganar las elecciones por una mayoría absoluta aplastante. Cuando la columna vertebral de la democracia, que son los partidos, se agrieta es el mismo sistema el que resulta dañado.
Las causas del creciente descrédito de los políticos son múltiples: falta de democracia interna y de transparencia en los partidos, corrupción, privilegios injustificados, sectarismo, profesionalización como forma de vida, alejamiento de los ciudadanos. También contribuye un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas que hace que los votos valgan distinto dependiendo de dónde se emitan y da un poder absoluto a los aparatos partidarios. Los datos son demoledores: Madrid tiene un diputado por cada 173.762 habitantes, mientras en Soria son suficientes 46.796. Esto se remonta a un decreto ley de 1977 que fijaba como circunscripción electoral la provincia, establecía un mínimo de dos escaños en cada una y fijaba la fórmula D?Hont de reparto. La ley electoral de 1985 rubricó este modelo que prima a los grandes partidos y perjudica a los pequeños y medianos de implantación nacional. Así, Izquierda Unida obtuvo el 3,7 % de los votos en el 2008 y solo le valieron el 0,6 % de los diputados, dos. Los nacionalistas no están sobrerrepresentados, como se cree, ya que obtuvieron el 7,14 % de los escaños con el 8,14 % de los sufragios.
Durante esta legislatura se planteó su reforma en el Congreso, pero ni PSOE ni PP, principales beneficiarios de la ley electoral, tuvieron ningún interés en llevarla a cabo. Antes de la campaña, Mariano Rajoy dejó caer que el Congreso debía tener menos diputados, que Esteban González Pons cuantificó en 300 frente a los 350 actuales, lo que reduciría aún más la proporcionalidad, pero finalmente no incluyó esta propuesta en su programa. Numerosos expertos abogan, al contrario, por aumentar los escaños a 400, en la línea de la sugerencia del Consejo de Estado.
En la práctica, la llamada ley de hierro de Michels sigue regulando el funcionamiento de los partidos, dominados por las oligarquías que los dirigen. La opinión de los militantes cuenta muy poco en la selección de los candidatos y en la fijación de las políticas. El PSOE ha utilizado las primarias con cuentagotas y resultados contraproducentes.
Los constitucionalistas abogan por más democracia interna, incluso exigiendo las primarias por ley, mayor protagonismo de la sociedad, rendición de cuentas obligatoria, mejorar la normativa de su financiación para evitar la opacidad de sus cuentas, apartar a a los corruptos, reforma de la ley electoral para aumentar la proporcionalidad, listas abiertas o, al menos, desbloqueadas mediante el voto preferencial, es decir, con la posibilidad de ordenar los candidatos de la lista.
Otro grave problema que socava la democracia es la politización de las instituciones, empezando por el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y siguiendo por la Fiscalía del Estado, convertida muchas veces en instrumento partidario.
Ley de transparencia
España carece de una ley de transparencia que asegure el acceso a los documentos de las Administraciones españolas, lo que supone una anomalía en Europa. Tanto el PSOE como el PP están a favor, pero significativamente no se ha aprobado en esta legislatura. La publicación de los datos patrimoniales de los parlamentarios va en ese sentido, aunque se queda corta.
Un reciente informe de Transparencia Internacional España, coordinado por Manuel Villoria, alerta de que la independencia de las instituciones está en peligro, la democracia está excesivamente controlada por los dos grandes partidos y la mayoría absoluta garantiza un control casi absoluto de los mecanismos institucionales.
Fuente la voz de galicia
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