Sacar a la luz más de un millón de alquileres sumergidos que existen en España. Ese es el objetivo inmediato del Ministerio de Hacienda, y para conseguirlo echará mano de los datos de consumo que figuran en el recibo de la luz y que ya han comenzado a ser remitidos a la Agencia Tributaria por las compañías eléctricas.

Esta medida, incluida en Plan de Control Tributario y Aduanero, con el que en conjunto se espera recaudar 8.171 millones de euros, viene a completar la obligatoriedad de incluir la referencia catastral de la vivienda a todos los contribuyentes del IRPF, tanto si viven en régimen de propiedad como de alquiler, precisamente con la misma finalidad: detectar los arrendamientos no declarados.

Fuentes del sector eléctrico explican que las compañías tienen obligación de informar a la Agencia Tributaria del nombre y apellidos o razón social y NIF de los contratantes o de los usuarios a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, dado que existen miles de contratos de luz en los que no coinciden el titular y el que realmente paga la factura, debido a que, por ejemplo, se trata de una vivienda o local alquilado.

Además, las eléctricas tienen que incluir en su comunicación a Hacienda la referencia catastral del inmueble y su localización, la potencia nominal contratada y el consumo anual en kilovatios, la ubicación del punto de suministro y la fecha de alta del mismo.

Retraso

Sobre el retraso que acumula la puesta en marcha de la lucha contra el arrendamiento fraudulento de viviendas, la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, señaló ayer, en el transcurso de un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que «cuando se usa una información tan masiva como son más de 35 millones de contratos de consumo de energía eléctrica, las cosas tienen su ritmo». «Desde que se estableció la obligación de que las compañías comunicaran a Hacienda los consumos de energía eléctrica ha pasado año y medio, pero desde principios de este ejercicio ya estamos en condiciones de cruzar esos datos con los del catastro para detectar esos alquileres no declarados», confirmó Viana. Además de los arrendamientos de vivienda opacos al fisco, la Agencia Tributaria también usará el mismo sistema de cruzar los consumos eléctricos para hacer aflorar negocios no declarados y actividad económica irregular.

También dentro del paquete de medidas antifraude que el Gobierno aprobará hoy, figurará la obligatoriedad legal de informar sobre las cuentas abiertas en bancos fuera de España. Esta imposición afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en la cuenta, según detalló ayer el ministro Cristóbal Montoro en el Congreso durante su defensa de las diversas medidas tributarias o administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

El pleno del Congreso aprobó ayer la convalidación del decreto de medidas fiscales que recoge la amnistía fiscal y otros cambios en varias figuras impositivas. El Gobierno ha contado con los apoyos del Grupo Popular y de CiU.