La CEOE también pide despidos en el sector público

La CEOE ha dado otra vuelta de tuerca a sus recetas para salir de la crisis: ahora plantean la necesidad de «reducir el coste de personal» y los empleos del sector público, eso sí, puntualizando que «el despido» sea la «última solución».

Así lo planteó ayer el presidente de la gran patronal, Juan Rosell, aprovechando la presentación de dos informes de la CEOE sobre eficiencia y traspaso de competencias del sector público. Tiró la piedra, pero escondió la mano, ya que al tiempo que reclamó que «el sector público tiene que funcionar como el privado y hacer lo mismo que hacen las empresas», es decir, despedir si no son posibles ni la recualificación ni la movilidad, evitó cuantificar los empleados públicos (funcionarios y laborales) de los que el sistema debe prescindir.

«Nosotros no decimos cuántos sobran», apuntó, escudándose en que la patronal se ha limitado a auditar el sector público y a poner sobre la mesa las cifras, aunque insistió en que «estamos usando las Administraciones públicas como un instrumento para luchar contra el desempleo y en este momento el Estado está en pérdidas». Por eso reclamó que «no se demonice» la posibilidad de despedir funcionarios que, según sus estudios, sobran.

Y es que -insistió- en los últimos 30 años el empleo público se ha duplicado en España frente al incremento del 50 % experimentado en el sector privado. Las comunidades autónomas se llevan la palma, ya que desde finales de los 80 hasta el 2010 han multiplicado por cinco sus trabajadores, seguidas de los ayuntamientos, que los han doblado.

El volumen de personal, sin embargo, no responde al incremento de población que el país ha experimentado en el periodo (un 18 %) ni a la mayor oferta de servicios ofrecidos, por lo que -tras restársele los puestos de trabajo generados con las transferencias desde la administración central a la autonómica- a la CEOE no le cuadran las cuentas.

Según Rosell, desde 1978 se han firmado 1.978 transferencias con las comunidades autónomas (con Cataluña a la cabeza), lo que se tradujo en un traspaso de 821.357 empleados públicos. Pero actualmente las comunidades tienen en nómina a 1.744.000 personas, es decir, que solo el 47 % de esos asalariados se debe a las transferencias competenciales.

Otro de los aspectos a los que el líder de los empresarios se refirió -no quiso dar detalles sobre cómo evoluciona la negociación de la reforma laboral con los sindicatos «tras los fracasos anteriores»- fue a los polémicos mini empleos (minijobs), trabajos de pocas horas y 400 euros de salario. Volvió a defendelos, especificando que son «contratos a tiempo parcial para situaciones de emergencia» e incluso aseguró que manejan encuestas que confirman que «los parados los piden».

fuente la voz de Galicia

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