La crisis provoca un incremento de más del 62% en los fraudes a las aseguradoras

Cualquier ahorro es un soplo de aire cuando la crisis ahoga al reducir o eliminar los ingresos. Pero la necesidad imperiosa de ahorrar sobrepasa con frecuencia la frontera de la legalidad. El fraude se convierte en un delito de estafa cuando la cantidad defraudada es superior a 400 euros, según contempla el Código Penal. No son pocos los estafadores a las compañías aseguradoras que rebasan ese límite y no dudan en preparar timos con tal de intentar cobrar de manera ilícita o evitar el pago de cantidades como consecuencia de accidentes físicos o desperfectos materiales. El año pasado se registraron en España 118.470 casos de fraude al seguro, 6.344 de ellos en las cuatro provincias gallegas. El incremento con respecto a 2009 es del 16,59% en el ámbito nacional y de un 11,22% a nivel autonómico. El salto en Galicia es mucho mayor si se tiene en cuenta los datos del año 2008, cuando estalló la crisis económica: un 62,45% más que los 3.905 casos que se registraron aquel año.
En 2010 el seguro evitó pagar en España 347.849.818 euros a los defraudadores, quienes con el conjunto de sus estafas reclamaron la cantidad de 485.563.454 euros; las compañías solo abonaron, por tanto, 137.713.635. Las cifras son superiores también a las del año precedente, en el que el ahorro de las aseguradoras fue de casi 308 millones y el gasto se acercó a 123. La cantidad que los asegurados solicitaron de forma fraudulenta fue de más de 430 millones. La tentación de timar al seguro ha crecido a medida que la crisis económica vacía los bolsillos de los ciudadanos.
Estos datos aparecen recogidos en un informe de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA). Este estudio anual, en el que colaboraron veinte entidades, aborda las magnitudes sectoriales en cuanto a número e importe de fraudes evitados, gastos de investigación, rendimientos, modalidades de estafa, autores directos, indicios, acciones emprendidas y distribución del fraude por autonomías y provincias.
Contabilizando los diferentes ramos se confirma un año más la tendencia al alza de las actividades fraudulentas encaminadas a obtener cobros ilícitos. Porque desde 2003 la cifra de engaños a las aseguradoras no ha hecho más que crecer: en aquel año las investigaciones acometidas por las entidades o por los cuerpos de policía detectaron 54.114 casos de fraude; el incremento fue del 12,45% al año siguiente; cinco más tarde casi se duplicó la cifra de casos (101.616 en 2009) y el año pasado, cuando la crisis dejó heridas más dolorosas en las familias, se disparó hasta 118.470.
La recesión económica estimuló en Galicia, como en las demás comunidades, la práctica del fraude al seguro, especialmente en el ramo de automóviles y en las pólizas de riesgos personales, que recoge seguros de vida, accidentes, enfermedad, salud y subsidios por baja laboral. El informe de ICEA refleja la detección de 6.344 casos de estafa en 2010, 640 más que en 2009.
La provincia de Pontevedra lidera la estadística gallega con 2.720 casos (2.532 el año anterior), seguida por A Coruña con 2.449 (2.204). Lugo y Ourense, con 703 (602) y 472 (366) casos respectivamente, experimentan, sin embargo, el aumento más significativo en comparación con las situaciones de fraude descubiertas en 2009: el crecimiento en Lugo es del 16,7% y en Ourense, del 28,9%, mientras que el de A Coruña se cifra en el 11,1% y el de Pontevedra en un 7,42%. Ourense, Lugo y otras 22 provincias españolas, entre ellas Madrid y Sevilla, tuvieron en 2010 un aumento superior al incremento medio nacional. La media gallega se sitúa en 11,22%, por debajo del 16,59% general.
Los casos de seguros de vida, accidente, salud y subsidio por baja laboral son los que han crecido de forma más espectacular en el último año, hasta un 83,5%. Galicia pasó de detectar 169 en 2009 a 297 en 2010 (de 2.263 a 4.153 en España).
Después de este ramo, en Galicia se apreció un incremento de fraudes en el del automóvil (4.447 casos en 2009 por 4.643 en 2010) por encima del ámbito que incumbe al comercio, pymes, hogar, comunidades y responsabilidades civiles generales (1.034 casos en 2009 y 1.376 al año siguiente).
 

Fuente: Faro de Vigo