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La crisis continúa ahogando a las debilitadas arcas de la Administración local, que ya antes de la recesión llevaban años echando mano de créditos y endeudamiento para poder mantener unos servicios que exceden sus presupuestos. Pero esos préstamos también tienen fecha de caducidad. En el peor momento de la crisis y tras un año 2010 que la Diputación de A Coruña cerró con un déficit de 98 millones de euros (es decir, que gastó mucho más de lo que ingresó), en los presupuestos de este año el organismo provincial tendrá que movilizar 14,93 millones para amortizar deudas que vencen en 2011.
Esto significa que la Diputación coruñesa destinará solo a liquidar préstamos bancarios el 8,5% de su presupuesto (175 millones de euros), una partida que supera incluso la que tuvo que amortizar en 2010 (13,8 millones) y a pesar de que entonces sus presupuestos eran un 2% más altos.
La necesidad de la Diputación de movilizar una parte importante de sus ingresos para liquidar deudas e intereses se suma a la obligación del ente provincial de devolver al Estado otros 54,9 millones de euros por los anticipos que percibió en el año 2009. Concellos, diputaciones y comunidades tienen derecho a participar en la recaudación fiscal del Gobierno, que les adelanta ciertas cantidades en base a los ingresos previstos. Pero debido a la crisis los cálculos del Ministerio de Economía para 2009 fueron excesivamente optimistas y por ello muchas administraciones, entre ellas las cuatro diputaciones y gran parte de los concellos gallegos, tendrán que devolver poco a poco ese dinero, que el Gobierno ya les ha empezado a descontar mes a mes de las entregas a las que tienen derecho.
La Diputación de A Coruña, pese a todo, no será la única entidad afectada por las devoluciones y que, además, tendrá que reservar este año una partida importante a amortizar deuda. Según el avance de los presupuestos locales de 2011 publicado por el Ministerio de Economía (que solo dispone de información de 204 ayuntamientos), los concellos coruñeses que más deuda tendrán que amortizar este año son Ferrol (tres millones de euros), Narón (2,06 millones), Rianxo (1,09 millones) y Boiro (1,05).
El caso más preocupante es el del municipio barbanzano, que salvo que logre renegociar con las entidades bancarias un aplazamiento, dedicará el 18% de su presupuesto (6,07 millones de euros) a amortizar créditos pendientes. También destacan los tres millones de Ferrol, cuyo alcalde admitió hace un mes su inquietud por la situación económica del concello pese a ser una de las ciudades gallegas con menor deuda financiera.
En el caso de Ourense (cuya diputación provincial, al igual que ocurre con la de Pontevedra, no aclara en la información remitida a Economía qué obligaciones de deuda pública tiene para 2011) Verín es el municipio que más capital amortizará: 573.000 euros. Le sigue O Barco, con otros 530.000 euros en deudas bancarias para saldar obligatoriamente este año.
En Pontevedra, Marín reservó en sus cuentas de este año 1,18 millones de euros (casi el 10% de su presupuesto) para liquidar parte de la deuda contraída con los bancos. Sanxenxo también reserva para amortizaciones 1,38 millones mientras que Vigo, la ciudad más grande de Galicia, movilizará 13,5 millones para saldar solo sus deudas bancarias a punto de vencer.
En cuanto a la provincia lucense, llama la atención el caso de la ciudad de Lugo, que de su presupuesto anual de 90,2 millones de euros, destinará 6,78 a saldar préstamos contraídos con entidades financieras. De hecho, la capital lucense tiene más compromisos de amortización en 2011 que la propia diputación provincial, que liquidará 6,45 millones en deudas.
La habitual falta de transparencia de muchos concellos sobre su economía no es un problema que afecte solo al Consello de Contas. También el Gobierno central ve año tras año cómo muchas entidades locales se resisten a enviarle las liquidaciones presupuestarias del ejercicio anterior. Para corregir esta falta de transparencia, la ley de economía sostenible le dio al Gobierno una nueva arma: la posibilidad de retener los fondos que le corresponden de los ingresos del Estado a aquellos municipios que no justifiquen en plazo sus ingresos y gastos.
Pero remitir las liquidaciones presupuestarias al Gobierno no es la única obligación de ayuntamientos y diputaciones. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales también establece que todas las administraciones deberán enviar una copia de sus cuentas, una vez aprobadas definitivamente, al Ministerio de Economía. Aunque para darle publicidad los presupuestos ya tienen que salir en el Boletín Oficial de la Provincia, desde el departamento de Elena Salgado aclaran que se trata de un requisito para garantizar "mayor transparencia" pero cuyo incumplimiento "no tiene consecuencias". El resultado es que, hasta el pasado martes, el 35% de los ayuntamientos gallegos (un total de 111) todavía no había remitido a Economía sus presupuesto a pesar de que, por ley, las cuentas debían aprobarse o prorrogarse antes del 31 de diciembre de 2010. Carlos Fernández, presidente de la Fegamp, no cree que detrás de este incumplimiento haya "afán de ocultación porque las cuentas ya son públicas". Por eso, lo atribuye más bien a un "fallo administrativo" muy extendido porque no tiene "mayores consecuencias".
FUENTE LA OPINION A CORUÑA
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