La falta de liquidez justifica dar la indemnización por despido a plazos

 A pesar de que el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) prohíbe el pago a plazos de la indemnización por despido de los empleados, si la empresa acredita una dificultad de liquidez, la posición de la empresa de ofrecer un aplazamiento en los pagos, con aportación de garantías y el abono de una indemnización superior, no puede considerarse irrazonable.

Así, se establece en una sentencia de la Audiencia Nacional, de la que es ponente el magistrado Fernández-Lomana García, y en la que rechaza el recurso de la representación laboral que alegaba falta de voluntad negociadora de la empresa al proponer el pago de la compensación en 24 meses.

Ordenar negociadamente

Las dificultades de liquidez justifican que no se pactase el abono inmediato de la indemnización, y concurriendo tal justificación, el resto es, para la Audiencia Nacional, una cuestión de ordenar negociadamente el abono de las cantidades. La posición de los trabajadores de rechazar tal oferta la entiende sin duda legítima, pero de la oferta de la empresa en las condiciones descritas determina que no puede inferirse que infringiese su deber de negociar de buena fe.

Establece la sentencia que la decisión de la empresa se encuentra dentro de los márgenes permitidos por la ley. Considera que el artículo 53.1.b) del ET establece que el trabajador tiene derecho a que, simultáneamente a la entrega de la carta de despido, se ponga a su disposición una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades.

"No obstante, omiten los trabajadores, que el mismo artículo dispone que cuando el despido obedece a causas económicas, "y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización", el empresario, haciéndolo constar, podrá, por excepción, no poner a disposición la indemnización, sin perjuicio del trabajador a exigir su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva", afirma el magistrado.

Problemas de liquidez justificados

La jurisprudencia ha sostenido que la empresa puede no poner a disposición la indemnización cuando existe una situación de "falta de liquidez", habiéndose razonado que la carga de acreditar tal extremo corresponde a la empresa, en aplicación del principio de facilidad probatoria (según estableció la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2005) y que si la empresa aporta indicios o elementos de juicio suficiente al efecto, su decisión de no abonar la indemnización está justificada (sentencia de 21 de diciembre de 2005).

Por ello, concluye el ponente, que "debemos aplicar esta doctrina a un supuesto en el que colectivamente se está negociando un despido colectivo. Pues bien, la empresa ha justificado de forma razonable la falta de liquidez suficiente para abonar en un solo acto la totalidad de las indemnizaciones".

La empresa cuenta con un nivel de solvencia acreditado, lo cual no implica que no deba adaptar su plantilla a la situación de disminución persistente en su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

Fuente: El Economista.es