Los tiempos son otros y la realidad del mercado exige apuestas distintas a las que impulsó el bipartito en el 2008 para favorecer el acceso a la vivienda y dinamizar un sector con más de 30.000 parados en Galicia. El proyecto de Lei de Vivenda que la Xunta aprobó ayer, con llamadas de Feijoo al consenso político, crea como apuesta más novedosa la posibilidad de que el adjudicatario de un piso de promoción pública que no pueda acceder a la propiedad completa pueda recurrir a contratos para ser copropietario con la Administración gallega (a través del Instituto Galego de Vivenda) o con cualquier ayuntamiento que oferte esta modalidad.

El proyecto legislativo, que facilita aplazar los pagos, determina que el adjudicatario que opte por ese sistema deberá asumir la propiedad de al menos el 60 % de la vivienda, por lo que pagará las cuotas correspondientes a ese porcentaje. El 40 % restante será propiedad del IGVS o del concello. Pero el adjudicatario podrá adquirir la parte del otro copropietario en cualquier momento, aunque la transmisión de la titularidad no se realizará hasta que sea previamente dueño del 100 % del inmueble. Es la misma línea que sigue el alquiler con opción de compra, que permite deducir del precio final las cantidades de la renta.

Afectados por demoliciones

Otra novedad significativa es la orientada a proteger los derechos de los adquirientes de viviendas que se ven afectados por actuaciones administrativas declaradas ilegales y que implican la demolición. La nueva ley da derecho al propietario a residir en su vivienda hasta que se fije la indemnización correspondiente. Además, la norma que permite expropiar espacios en los edificios para instalar ascensores rompe con la obligación de la norma del bipartito de destinar hasta un 40 % del suelo a pisos protegidos. En su lugar, establece con carácter general la proporción de la norma estatal (30 %), pero vinculada a la demanda. La ley adapta el Rexistro de Promotores del bipartito y fija en el 1 % del precio la cantidad máxima a pagar en concepto de reserva.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA