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La Xunta las suspenderá hasta que el Gobierno se pronuncie en el 2015
La reciente reforma de la Ley de Costas no solo no agilizará la ejecución de las sentencias judiciales de derribo, sino que posibilitará incluso una tregua para las edificaciones que se encuentran en zona de servidumbre y sobre las que pesa una resolución firme de demolición. Esta moratoria favorecerá, previa solicitud de los concellos, a 106 construcciones a menos de 100 metros del mar que cuentan con expedientes que están siendo objeto de ejecución forzosa por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), a través de la imposición de multas coercitivas.
La ejecución forzosa de esas órdenes de reposición de la legalidad quedará en suspenso hasta que el Ministerio de Medio Ambiente acredite si los 34 concellos en los que se encuentran esas edificaciones cumplen los requisitos para acogerse, en el caso de que así lo soliciten, a la reducción de la zona de protección de costa que permite la reforma normativa, de los 100 metros que estableció el texto original a 20. Si el ministerio informa favorablemente, además del reconocimiento legal de los núcleos singulares del municipio en cuestión, también se regularizarán esas construcciones afectadas por órdenes de demolición. En caso de que Medio Ambiente emita un informe negativo, la APLU levantará la suspensión y reanudará la ejecución forzosa de los expedientes con las multas coercitivas.
Cambio del plan de inspección
En ese proceso pueden transcurrir hasta dos años, que es el plazo de que disponen los 82 concellos costeros de Galicia para requerir la aplicación del que es el aspecto más positivo de la norma para esta comunidad, la regularización de los 855 núcleos rurales singulares que suman unas 12.500 viviendas en la zona de servidumbre. Por tanto, esta moratoria en las resoluciones firmes de demolición puede prolongarse hasta el 2015.
Para articular esta medida, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística abordará mañana en una reunión de su consejo ejecutivo la modificación del plan de inspección para este año, que precisamente tiene entre sus prioridades el control de abusos en la costa. En teoría, se trata de habilitar un mecanismo que conjugue el desarrollo de la normativa autonómica con la finalidad que pretende la estatal. Pero en la práctica, la decisión de dejar esa pelota en el tejado del ministerio propiciará una salida legal que permitirá esquivar la piqueta.
Además de esas 106 órdenes de demolición de obras en zona de protección, que en la mayoría de los casos corresponden a denuncias realizadas por el Servicio de Costas, la Axencia tiene abiertas 626 más en los 82 municipios del litoral por incumplir la Lei do Solo 9/2002. La provincia de Pontevedra acumula 329; la de A Coruña, 267; y la de Lugo, 30. La Axencia ejecutó 72 derribos en el 2012.
O Grove y Sanxenxo, los municipios con más expedientes
De los 34 concellos costeros que tienen obras en la zona de servidumbre con resoluciones firmes de demolición, 18 corresponden a la provincia de A Coruña, 12 a la de Pontevedra y 4 a la de Lugo. Aunque la que cuenta con un mayor número de edificaciones afectadas es Pontevedra, con 67, frente a 31 de A Coruña y a 8 de Lugo. Por municipios, los que suman más casos son O Grove (12), Sanxenxo (11), A Illa (9), Redondela (9) y Vilaboa (6). La práctica totalidad de las construcciones a cuyos dueños la APLU les está imponiendo multas coercitivas son viviendas y galpones.
Fuente: La Voz de Galicia
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