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Presidencia destinará 150 millones a justicia. El PSdeG pide recortes en el parque móvil y el BNG, el cese de los delegados provinciales.
REDACCIÓN | A CORUÑA El segundo tijeretazo a la denominada administración paralela se iniciará a comienzos del próximo año, una vez la Xunta finalice la evaluación de 52 entes que está realizando en estos momentos. Así lo anunció ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, durante la explicación de las cuentas de su departamento en el Parlamento. "Seguiremos adelgazando el peso de la administración paralela por su coste económico", anunció.
Como ejemplo de la reducción de chiringuitos y la optimización del funcionamiento de la Administración, Rueda esgrimió el balance de la primera fase de esta estrategia con la que "se ahorraron 20 millones de euros" y se eliminaron 45 organismos. En esta línea, incluyó Rueda otras medidas de ahorro en gasto corriente como la reducción del parque móvil de la Xunta o la disminución del número de liberados sindicales.
Durante su intervención en comisión, Rueda defendió unos presupuestos que ascienden a 202,5 millones -una décima más que el año pasado- de los que 150 se destinarán al departamento de justicia. En este sentido, destacó la puesta en marcha de juzgados en A Coruña, Santiago Pontevedra, y Ourense al tiempo que reclamó terrenos al Concello de Vigo para iniciar las obras en la ciudad.
Además, destacó el aumento de la dotación para la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, que recibirá un 16% más de fondos que el ejercicio anterior. Gracias a una partida que aumenta 1,7 millones de euros prosiguió el conselleiro de Presidencia, también se podrán completar 32 parques de bomberos.
La exposición del conselleiro no convenció a la oposición. El socialista José Manuel Lage definió su discurso como "una letanía que funciona", si bien matizó que "otra cosa son los números". En este sentido, criticó que se mantenga el "aparataje" de la administración paralela mientras "se recorta en educación, sanidad o dependencia" y pidió a Presidencia que reduzca el parque móvil en un 80%, limitando el uso de coches con conductor fijo a presidente y conselleiros. "Como en Madrid o Castilla y León", indicó, si bien Rueda replicó que en dos años no había adquirido ningún vehículo nuevo.
Por su parte, el nacionalista Alfredo Suárez Canal reclamó la supresión de las delegaciones territoriales par ahorrar 10 millones después de que estas demostrasen su inutilidad. PSdeG y BNG los compararon con "comisarios políticos" y Canal recordó que el delegado en Ourense, Rogelio Martínez, viajó a Madrid para ver un partido de fútbol.
En su defensa salió el popular Antonio Rodríguez Miranda, que recordó los 52 delegados de la época del bipartito. "Los 52 eran damas virtuosas y ahora cinco sobran", ironizó.
FUENTE: LA OPINIÓN A CORUÑA
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