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Las compañías quedarán excluidas de las subvenciones autonómicas durante un periodo de cuatro años y tampoco podrán obtener contratos de la Administración
Las empresas que cometan infracciones muy graves hacia el consumidor no percibirán subvenciones públicas de la Xunta durante cuatro años y tampoco podrán obtener contratos de la Administración autonómica. Es una de las novedades que introduce la nueva Lei de Protección Xeral de los Consumidores, que ayer fue aprobada por el Consello de la Xunta.
Se consideran infracciones muy graves, entre otras, la negativa a facilitar información o colaborar con los servicios de inspección y control, no disponer de oficinas físicas de atención al personal cuando sea obligatorio o no contar con un teléfono totalmente gratuito de atención al consumidor o correo electrónico.
"Es una ley concreta, novedosa y eficaz", describió ayer el conselleiro de Economía, Javier Guerra. Esta normativa obliga además a las empresas a contestar las reclamaciones de sus clientes en el plazo máximo de un mes, salvo si se trata de servicios de carácter continuado, como luz o telefonía. En ese caso, cualquier problema deberá ser atendido en menos de dos horas. Además se multará a las compañías que pongan trabas a sus clientes para darse de baja.
Para evitar sobrecargar aún más los juzgados, la ley crea la figura del mediador del consumo, de manera que cualquier conflicto entre cliente y la empresa que le presta el servicio intentará solucionarse primero por la vía de la conciliación y el arbitraje.
Morosos
Otra de las novedades que incorpora esta ley es que las empresas no podrán incluir en sus listas de morosos a ningún cliente, salvo que exista un reconocimiento del consumidor o una sentencia que así lo certifique. Para garantizar la seguridad se crea una Red de Alerta de Productos de Consumo.
Además de la Lei de Protección del Consumidor, el Consello de la Xunta autorizó ayer un convenio que suscribirán con el Ministerio de Medio Ambiente por el cual se destinarán 170 millones de euros -a partes iguales entre ambas administraciones- entre 2012 y 2016 al rural gallego.
Un total de 115 investigadores podrán continuar con sus proyectos en las universidades gallegas puesto que la Consellería de Educación ha destinado una cuantía de 3,6 millones de euros para prorrogar sus contratos.
Otra de las medidas aprobadas por el Consello de la Xunta fue la colaboración entre Augas de Galicia y la Axencia de Emerxencias para poner en común información y prevenir posibles incidencias como inundaciones.
FUENTE LA OPINION A CORUÑA
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