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Economía ofrece a la banca desgravar las pérdidas derivadas de la dación en pago, pero las entidades tendrán la última palabra. Cada día hay cinco ejecuciones hipotecarias en Galicia.
La crisis ha situado el nivel de impagos en las hipotecas en niveles hasta hace poco inéditos. Un 2,68% sobre el total del dinero concedido para compra y rehabilitación de vivienda, que a cierre del pasado septiembre ascendía a 655.700 millones de euros. ¿Cómo estaba esta misma tasa en 2006, cuando a la crisis ni se le veía, ni se le esperaba? En el 0,42%, seis veces menos, lo que muestra muy gráficamente el impacto que el parón económico supone para el bolsillo doméstico.
La morosidad genérica es mucho más elevada por la influencia de las empresas vinculadas al ladrillo -un 7,61%, ya con los datos de diciembre-, y pese a que lo último que se suele dejar de pagar es el piso, los casos de pérdidas esconden auténticos dramas familiares. Peor incluso que el desempleo, como el propio ministro de Economía admitía hace una semana, y a lo que se agarra para lanzar un plan orientado a frenar los desahucios. Por un lado, con cambios legales, y, por otro, con un Código de Buenas Prácticas que quiere consensuar con el sector financiero, que tendrá la última palabra. Luis de Guindos ofrece incentivos fiscales y proyección pública a las entidades que, voluntariamente, permitan a los desempleados sin patrimonio saldar su deuda con la entrega de la casa -la llamada dación en pago- y una prórroga de dos años en los pagos.(Seguir leyendo)
Fuente la Opinión A Coruña
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