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Habrá consecuencias para las administraciones que no paguen en 30 días
Los beneficiarios de la segunda parte del actual plan de pago a proveedores comenzarán a cobrar ya a lo largo del mes de julio. Así lo avanzó ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien explicó que España ha conseguido en los mercados los 1.200 millones de euros con los que está dotado el plan "a un precio francamente reducido".
Tras intervenir en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo del Escorial, Beteta puntualizó que el Estado ha obtenido este importe al precio de la financiación del Tesoro más 80 puntos básicos, lo que ha calificado de coste bajo.
Ésta es la segunda fase del programa aprobado el pasado mes de febrero para saldar deudas con proveedores de mancomunidades y municipios acogidos al primer plan de pago a proveedores, pero que aún tuvieran deudas en concesiones administrativas, encomiendas de gestión, convenios, contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos de colaboración público-privada, así como determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.
Terminar con la morosidad
A esa segunda fase también se pudieron sumar, finalmente, los municipios y mancomunidades del País Vasco y Navarra, excluidos del primero por el régimen foral de sus comunidades. El conjunto del plan ha tenido una dotación de 2.600 millones de euros.
Beteta reiteró, además, el interés del Gobierno por terminar con la morosidad de las administraciones públicas, para lo que está en marcha la reforma de la Ley de Estabilidad, de forma que este problema (tanto por los afectados por este tipo de impagos, como por quienes incurran en ellos) tenga la misma consideración que el déficit público o la deuda pública. De esta forma, la administración que no abone sus facturas en los 30 días de periodo medio de pago tendrá que hacer frente a una serie de consecuencias.
El secretario de Estado subrayó que las medidas que se van tomando suponen "un auténtico cambio cultural" para terminar con "retrasos endémicos de muchas administraciones públicas". "Ahora será imposible, porque serán sujetos de las actuaciones que la ley indica, entre otras, que sea el Estado quien pague directamente la factura del proveedor y se reste de la participación en los ingresos del Estado", incidió.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya anunció el pasado fin de semana que el Ejecutivo está diseñando una operación financiera para que las administraciones públicas paguen a treinta días antes de 2014.
Montoro sólo aclaró que el mecanismo en cuestión no iba a ser exactamente una operación de proveedores como la que se había aprobado hasta ahora, sino una versión nueva que, según el ministro, servirá para liquidar las facturas pendientes.
Fuente: El Economista.es
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