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Benestar reduce las restricciones a un 5% y en ningún caso a la asistencia domiciliaria.
R. PRIETO | A CORUÑA Los concellos tienen que echar mano de sus fondos municipales para costear servicios que no le corresponden. En esta ocasión es para los programas de ayuda social que financia la Xunta y que se han visto obligados a asumir los propios ayuntamientos por los recortes del denominado Plan Concertado, que sufraga los gastos de asistencia domiciliaria, programas de ayuda social y las nóminas de los trabajadores y técnicos sociales. En las partidas destinadas a programas sociales, la reducción ha sido de hasta el 50%, según advierte el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández.
"Mientras Feijóo va presumiendo de no tocar las políticas sociales, la Xunta actúa con sigilo, de modo sibilino, recortando allí donde los que tienen que dar la cara son otros", cuestionó Fernández al tiempo de que alertó de que el "enfado" e "indignación" de los regidores por estos "recortes drásticos" se extiende a "ayuntamientos de toda la geografía gallega, de todos los tamaños y de todos los colores políticos".
Sin embargo desde la Consellería de Traballo e Benestar, limitan los recortes del Plan Concertado a un 5%, una reducción de la que, en todo caso, responsabilizan al Gobierno central. "El Estado ha recortado en los últimos años la financiación del Plan Concertado. El último fue acometido a principios de este año con una rebaja en el ayuda del Plan Concertado del 10% y de la ayuda del Plan de Desarrollo Gitano de un 12%", argumentan desde el departamento que dirige Beatriz Mato. En ningún caso, según mantiene Benestar, los recortes afectaron a la asistencia al hogar a personas dependientes. Pero las denuncias de los alcaldes a la Fegamp ponen de manifiesto también las restricciones en las partidas destinadas a asistencia domiciliaria. "En la ayuda básica a domicilio también hubo recortes", confirma Carlos Fernández.
Los concellos advierten de que este tijeretazo al Plan Concertado "obliga a los ayuntamientos a hacer frente a las contrataciones comprometidas tirando de las maltrechas arcas municipales, lo que afectará al propio sistema de servicios sociales de los ayuntamientos".
A estos recortes de la Xunta en las ayudas para cofinanciar servicios sociales, los ayuntamientos suman una queja más: el retraso en el pago de las partidas asignadas. "Mientras Feijóo presume de apretar las tuercas a los ayuntamientos para que paguen en 60 días, los fondos del Plan Concertado se demoran hasta 300 días", cuestiona el presidente de la Fegamp.
El departamento que dirige Beatriz Mato reconoció a este diario que de los casi 50 millones del Plan Concertado que reparte entre los ayuntamientos gallegos tan solo ha liquidado la parte correspondiente a ayuda al domicilio -unos 30 millones de euros-. Los 20 millones del paquete de ayuda básica en el hogar, financiación de trabajadores sociales e inversión en infraestructuras, siguen pendientes de pago, según Benestar, debido a la lentitud de los concellos a la hora de cumplimentar los expedientes.
"Estamos poniendo en riesgo nuestras propias competencias por atender las de la Xunta y nos responde aplicando drásticos recortes", censuró Fernández, quien además interpretó que el Gobierno gallego "no se atreve a aplicar" estos recortes en los servicios que presta de forma directa porque "se le vería el plumero de por donde están metiendo la tijera".
FUENTE: LA OPINIÓN A CORUÑA.
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