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Nuevo contrato con 3.000 euros de deducción para pymes. La reforma va más allá de la flexibilidad pactada por patronal y sindicatos. El sector público aplicará el despido barato.
Fátima Báñez, ministra de Empleo, afirmó ayer que la reforma laboral "contribuirá sin duda a frenar la sangría de la destrucción de empleo y, sobre todo, a crear nuevos puestos de trabajo". El Gobierno está en la tesitura de que en 2012, cuando ya se da por descontada una nueva recesión dentro y fuera de España, España no recuperará empleo, pero aspira, dijo Báñez, a contener el avance del desempleo, ya cerca de los 5,3 millones de parados.
La receta consiste básicamente, según el lenguaje del Gobierno, en doblegar "las rigideces" del mercado laboral español, favorecer la capacidad de las empresas de adaptarse a la coyuntura económica sin recurrir sistemáticamente como ahora a los despidos y alentar, mediante incentivos, la contratación de dos colectivos singulares: los jóvenes y los desempleados de larga duración.
. Los contratos. El Gobierno ha evitado aplicar la fórmula del "contrato único", sugerida una corriente de economistas y apoyada por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Se crea, en cambio, un nuevo tipo de contrato indefinido para alentar la contratación estable de desempleados, singularmente la de los jóvenes. Podrán utilizarlo las empresas con menos de 50 trabajadores y los autónomos, que tendrán una deducción fiscal (3.000 euros) si contratan a su primer trabajador y éste tiene menos de 30 años. Si el parado está cobrando prestación, podrá percibir junto con su sueldo el 25% de esa prestación.
El Gobierno mejora también las bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social, que podrán llegar a los 3.600 euros en tres años para la contratación indefinida de jóvenes y a los 4.200 euros en caso de parados de larga duración mayores de 45 años.
En aras de contener la alta temporalidad, la reforma da marcha atrás en uno de los últimos cambios laborales aprobados por el Gobierno anterior y recupera la prohibición de encadenar contratos temporales más de 24 meses.
. Las prestaciones. La Inspección de Trabajo desplegará un plan para cambiar el fraude en el cobro de prestaciones de desempleo y la economía sumergida. Aunque no hay cambios legales, se garantizará un "cumplimiento estricto" de la regulación actual. La reforma prevé además, según un resumen elaborado por el Ministerio de Empleo, que "los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones locales". Y se permite la capitalización del 100% de la prestación (ahora el límite es del 80%) para los jóvenes que se establezcan como autónomos.
. Los convenios. El Gobierno va más allá de lo pactado recientemente por patronal y sindicatos en flexibilidad laboral. La reforma prima con claridad los convenios colectivos de empresa frente a los sectoriales y facilita el llamado "descuelgue" en situaciones de dificultad. Un empresario en dificultades podrá instar la no aplicación de las condiciones salariales u otras de un convenio sectorial y, en caso de desacuerdo con la plantilla, tendrá la opción de solicitar un arbitraje vinculante.
. Sector público. La reforma incorpora también la vía del despido barato para los recortes en el sector público. Se faculta a las empresas y otras entidades de la Administración consideradas económicamente inviables a recortar sus plantillas de empleados públicos con 20 días de salario de indemnización por año trabajado. En este caso lo que el decreto define son las causas económicas y organizativas que serán de aplicación, dado que hasta ahora, algunos jueces interpretaban que un ayuntamiento no podía tener pérdidas como una empresa.
Fuente la Opinión A Coruña
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