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Los 9.000 millones de euros que el Gobierno pretende ahorrar con la reforma de la Administración local incluyen una partida de 870 millones que no derivará ni de la clarificación de competencias ni de la eliminación de mancomunidades y empresas públicas. Saldrá directamente del bolsillo de los funcionarios públicos que prestan su servicio en los ayuntamientos y entes locales durante el 2014 y el 2015, una vez que entre en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Eso es lo que dicen algunas fuentes, aunque Hacienda lo niega.
Según las primeras, el ajuste no recaerá sobre el salario base, sino que el Gobierno pondrá límites a los complementos específicos. Una cantidad que, hasta este año, percibían los trabajadores públicos en función de las características especiales de su puesto de trabajo -destino u horario, entre otros criterios- y que, con la nueva norma, tendrá límites que se establecerán cada año en los Presupuestos Generales del Estado. LEER MÁS...
Fuente: La Voz de Galicia
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