Soraya Sáenz de Santamaría tomó ayer el relevo de Mariano Rajoy en la tarea de explicar las 217 propuestas que ha realizado la Comisión para la Reforma de la Administraciones Públicas (CORA) para reducir el gasto público en más de 8.000 millones de euros. Una iniciativa que, según la vicepresidenta del Gobierno, no tiene «ni sello ideológico ni territorial». El informe, que analizará hoy el Consejo de Ministros, plantea la «supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional como las asambleas legislativas o los defensores del pueblo», según consta en el informe. Una senda que ya están explorando Alberto Núñez Feijoo, Dolores de Cospedal e Ignacio González.
Once comunidades autónomas tienen en la actualidad Defensor del Pueblo, entre ellas Galicia. El Ejecutivo insiste en que la premisa es «poder seguir prestando el mismo servicio, con igual o mejor calidad, a menor coste», desde el órgano central. Lo mismo ocurriría con los tribunales de cuenta.
Sáenz de Santamaría, durante unas jornadas informativas sobre esta reforma, en la que también participaron los ministros Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, adelantó que el Estado suprimirá o fusionará 57 organismos públicos de su competencia y que instaría a los gobiernos regionales a suprimir 90 observatorios.
Las iniciativas de la CORA, que según fuentes del Gobierno podría culminarse en el 2016, también plantea un amplio catálogo de prestaciones públicas en las que también sería muy beneficioso compartir gastos. «Desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos».
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Fuente: La Voz de Galicia
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