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Los agentes ya denunciaron a cerca de 200 establecimientos este año
Los agentes camuflados de la Policía Autonómica ya han detectado 182 casos de venta de alcohol a menores en lo que va de año. La unidad de este cuerpo ha peinado las zonas de marcha en busca de locales que incumplen la nueva norma gallega (la Ley 11/2010 que trata de prevenir la venta de bebidas alcohólicas a menores) o, simplemente, de jóvenes que consumen en la calle, algo que muchos ayuntamientos también persiguen con sus respectivas ordenanzas municipales. En quince de estas redadas, que los agentes realizan vestidos paisano, se localizaron hechos que suponen una denuncia grave. Y en la mayoría realizaron la comprobación más difícil, pero también la más perseguida, como es la venta directa de bebidas a adolescentes y no solo en locales de copas, sino también en la calle o en tiendas que abren durante las 24 horas.
Fuentes policiales explican que estas inspecciones son muy complicadas, puesto que es difícil determinar la edad de los jóvenes que participan en el botellón o consumen en los locales de ocio e igual de complicado probar que las copas que los menores toman en la calle proceden de una tienda que surte a los botelloneros. Además, al tratarse de menores su intervención es mucho más cautelosa y cuidadosa. Y aún así, localizaron que locales de Rianxo, Cospeito, Monforte, Ribadeo, Sarria, Vilalba, Baiona, Mos, Pontevedra, Salceda de Caselas o Sanxenxo surtían con bebidas a jóvenes que todavía no habían cumplido los 18 años.
Lugo, a la cabeza
A pesar de que en los últimos meses se han intensificado los operativos en las zonas turísticas de la costa, lo cierto es que los agentes de la unidad adscrita de la Policía Autonómica han localizado la mayoría de las denuncias (un total de 83) en la provincia de Lugo, que duplica el número de expedientes de A Coruña, la siguiente en número de casos abiertos, con un total 43. En Pontevedra se incoaron una 34 denuncias ante la Consellería de Sanidade y 22 en la provincia de Ourense.
La Xunta tramita los expedientes e incluso puede acordar el cierre de un local que incumpla reiteradamente la norma, pero, sin embargo, serán los concellos los encargados de notificar las multas e incluso de perseguir, por su parte y con sus agentes locales, las concentraciones en las que se pueda fomentar el consumo de alcohol por menores. Algo que ya ha comenzado en Santiago, donde en diez días se enviaron multas de 600 euros a ocho familias después de que los municipales localizasen a sus hijos menores bebiendo en la calle. La mayoría pagaron de buen grado la multa y agradecieron la información al concello, pero uno de los padres incluso se opuso a hacerse cargo del problema, según los responsables municipales.
Por su parte, en la ciudad de A Coruña ya hay una ordenanza y vigilancia por parte de la Policía Local para controlar el consumo de bebidas espirituosas en la calle y parece que estas medidas han surtido efecto, puesto que los agentes autonómicos no encontraron ningún hecho denunciable. En el otro extremo se sitúa la ciudad de Lugo, donde se detectaron a un total de 41 menores consumiendo, o Pontevedra, donde habrá una sanción grave para un local en el que se comprobó la venta a jóvenes con menos de 18.
Ourense, sanción sin tipificar
El balance de estas redadas da cuenta de una denuncia en la ciudad de Ourense por el traslado de botellas con bebidas, que no han podido tipificar y que notificará el Concello. En este sentido, localizar y erradicar la venta ambulante en las zonas de botellón es una de las prioridades de los agentes autonómicos que llevan a cabo los operativos durante los fines de semana.
La ley establece multas para los locales infractores que oscilan entre 601,01, para las infracciones leves, y 601.012,11 euros, para los casos reincidentes, que hayan suministrado alcohol a niños o adolescentes, ya que la edad de los consumidores es uno de los agravantes a la hora de determinar e imponer la medida y la sanción final.
La norma también determina que el Consello de la Xunta puede acordar el cierre temporal del local por un plazo máximo de cinco años. Además, la norma detalla que la Administración gallega podrá acordar «como sanción complementaria la supresión, cancelación o suspensión de cualquier tipo de ayudas o subvenciones de carácter financiero que el particular o la entidad infractora hubieran obtenido o solicitado» a la Xunta. En cualquier caso, fuentes policiales aseguran que la mayoría de los hosteleros cumplen con la legislación.
Fuente: la Voz de Galicia
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