Desde su estreno, hace casi cinco años, la esperadísima ley de la Dependencia se convirtió en un arma arrojadiza entre el Gobierno central y las comunidades, a vueltas con la gestión y, sobre todo, el reparto de fondos. Con la incorporación de solicitudes y el ritmo que cada territorio sigue en la cobertura de los beneficiarios. A las estadísticas oficiales que cada mes evidencian esas diferencias en la evolución de las prestaciones se suma ahora un ingrediente más para el enfrentamiento. Un informe firmado por el Ministerio de Sanidad que, precisamente, incide en la delicada pregunta alrededor de la financiación, ahora que tantas dudas plantea su mantenimiento en el grave contexto de crisis económica. ¿Quién aporta más? El Estado se atribuye un 47% de los 4.800 millones de euros del coste total del sistema en 2009 y un 39% de los 6.767 millones de 2010. Los porcentajes se disparan hasta el 61% en el análisis concreto de lo que el Ejecutivo define como "gasto nuevo". Es decir, de las ayudas reconocidas desde la promulgación de la normativa, al margen de los servicios para los pacientes que estaban reconocidos con anterioridad. El estudio señala cuatro comunidades que destacan por su desequilibrio, con una contribución mucho menor, por debajo del 30%. El caso de Galicia, según el departamento que dirige Leire Pajín, con un 27% que la Xunta se ha apurado a negar.

Concretamente, el análisis encargado por Sanidad sostiene que de su bolsillo sale el 73% de los servicios para las nuevas prestaciones en la región gallega el pasado año. Alrededor de 378 millones de euros en concepto del "nivel mínimo" garantizado por la ley, que asume exclusivamente el Estado, y otros 61,3 millones de euros que le tocan por el "nivel acordado", en el que se tiene en cuenta el volumen de solicitudes, su revisión y el abono efectivo de las prestaciones o el servicio. La financiación estatal desde 2007 para el desarrollo de la ley en Galicia ronda los 1.100 millones de euros, además de otros 74 que en 2009 se repartieron ligados al Plan E para dinamizar la economía y el empleo.

Solo Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias desembolsan una proporción menor. Del 27%, el 15% y un 10%, respectivamente. Y siempre sin contar lo que sale de los propios beneficios en servicios ofrecidos con copago, ni tampoco las cuotas a la Seguridad Social de los familiares que figuran como cuidadores no profesionales. "Los porcentajes de financiación variarías, aumentando la aportación financiera del Estado", señala el informe.
 

Frente a estos cuatro casos, están País Vasco y La Rioja, que contribuyen con más de un 60% del coste "nuevo". Un 64% y un 61%, exactamente. La financiación autónoma en Andalucía alcanza el 54%. En Cataluña, Ceuta y Melilla, el reparto es milimétrico, al 50% entre las dos administraciones. El resto se mueve entre el 47% que soporta la caja balear y el 36% en Asturias.

"Esto refleja el enorme valor humano y social la atención a las personas que sufren algún tipo de dependencia. Solo por eso, sea cual sea la coyuntura económica, el próximo Gobierno debería mantener el mismo empeño", reclamaba ayer el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, tras el Consejo de Ministros que analizó el informe y que también contabiliza en 123.000 los empleos directos generados por la ley y otros 42.000 indirectos en los dos últimos años. Un 19,7% del gasto se recuperó vía impuestos.

"Los datos económicos aportados no se sostienen, son absolutamente falsos", contestan, rotundos, desde la Consellería de Benestar, en la que no constaba el resultado final "de esta evaluación" que surge "sin ser analizada en el seno del Consejo Territorial, el instrumento de cooperación para la articulación del sistema que entre sus funciones tiene la de adoptar los criterios comunes de actuación y de evaluación del sistema". El equipo de Beatriz Mato habla incluso de "estimaciones sin base sólida" en relación a los gastos "y sin tener en cuenta" el desembolso "real" que la Xunta comunicó directamente al Gobierno central todos estos años, "tanto en la justificación del nivel mínimo como del acordado".

Benestar, que pide una "corrección recuerda que el desarrollo de la ley en Galicia está fiscalizado por el Consello de Contas y que su último informe, entre los ejercicios de 2007 y 2009, estima que el Ejecutivo autonómico asumió el 58,4% del coste total "como media", y que en 2009 ascendió al 63,6%. El balance. "Teniendo solo en cuenta el gasto directo en prestaciones y servicios", añade, sin otros gastos asociados al sistema. Aunque también sin diferenciar, como defiende el Ministerio de Sanidad en su informe, las ayudas nuevas de las que estaban ya contempladas.

Por las cuentas de la Xunta, su aportación desde el impulso a la ley y con los fondos previstos para 2012, la cantidad asciende a "1.611,27 millones", de los que corren por su cuenta el "71,55%". "Por lo tanto –continúan en Benestar–, si el Estado cumpliera la ley que establece la financiación al 50%, tendría que aportar la mitad, esto es, 805 millones de euros y no 458 como hizo". La consellería acusa de "falta de compromiso del Estado con Galicia" con los 347 millones "que dejó de aportar" y que "suplió" el Gobierno autonómico.

FUENTE: FARO DE VIGO