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Constructores y autónomos celebraron ayer las medidas promovidas por el Gobierno para que comunidades y ayuntamientos puedan saldar sus deudas con los proveedores. De "salvavidas" y "balón de oxígeno" llegaron a calificar el consorcio bancario promovido por el Ministerio de Hacienda para abonar las facturas que se acumulan en los cajones de las administraciones.
El presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó que el sistema impulsado por el Ejecutivo va a suponer un "salvavidas" para los autónomos. El balance de la morosidad pública para los autónomos, según advierte, no puede ser más negativo: 15.300 millones pendientes y 40.000 si se habla del total de proveedores. Esto supone, según alertó, que los autónomos tengan cuatro millones de facturas pendientes, que más de 350.000 hayan cerrado "por culpa de la morosidad pública" y 780.000 trabajadores se hayan quedado sin empleo.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) manifiesta su "satisfacción" ante el plan para "liquidar" la deuda comercial de las administraciones, una medida que considera supondrá un "soplo de aire fresco" para las compañías del sector de la obra pública y los servicios. Es la primera vez, destaca la patronal, "que un Gobierno toma una medida de este tipo". Las firmas contratistas de obra pública y servicios urbanos venían demandando un plan de pagos de la Administración que se aprobara en el Parlamento "con el fin de que tuviera fuerza suficiente para que las entidades financieras se fiaran". La iniciativa que el Gobierno prevé aprobar mañana es, en opinión de CNC, "más eficaz, más rápida y más limpia". No obstante, la patronal considera que podría conllevar una pequeña quita, "dado que los gastos de gestión correrán a cargo de las empresas (las que cobran) y no del que paga", matizaron las mismas fuentes. La deuda del sector público con las constructoras asciende, según su patronal, a unos 22.300 millones de euros.
Fuente la Opinión A Coruña
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