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Las empresas podrán comercializar sus productos y servicios en todo el territorio nacional con una sola licencia administrativa, emitida por cualquiera de las diecisiete comunidades autónomas, que bastará para operar dentro de la legalidad en el resto. El proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, nace con una clara vocación desreguladora: busca poner fin a la actual maraña legislativa de miles de normas estatales, autonómicas y municipales, a veces contradictorias entre sí, que dificultan la libre circulación de bienes y servicios por todo el país.
El texto faculta a las empresas para impugnar ante las autoridades reguladoras de los mercados y de la competencia cualquier norma que en el futuro fragmente el mercado. En caso de conflicto, la Audiencia Nacional tendrá la última palabra.
La ley está inspirada en el modelo aplicado desde hace más dos décadas en la Unión Europea para garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre estados miembros. Aunque su tramitación estaba parada desde enero, el Ejecutivo ha decidido elevarla a las cortes para su tramitación urgente tras recibir, según Soraya Sáenz de Santamaría, quince informes preceptivos y el aval del Consejo de Estado. El Gobierno calcula que la eliminación de trabas legislativas y burocráticas derivadas de su aplicación provocará durante los próximos diez años un incremento de la actividad equivalente a 1,5 puntos de PIB (unos 15.000 millones de euros). Es decir unos 1.500 millones de euros por año, explicaron la vicepresidenta y el ministro de Economía, Luis de Guindos.
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Fuente: La Voz de Galicia
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