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Oficializadas las quitas y ante el inminente cierre del grifo del arbitraje, el Gobierno gallego y los jueces diseñan contra reloj un plan de choque para apoyar a tenedores de preferentes y deuda subordinada y, de paso, evitar un hipotético colapso del sistema ante una más que previsible avalancha de litigios por estafas en la venta de productos financieros tóxicos. Con ese único objetivo en el orden del día, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reúne hoy en Santiago, entre otros, con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, y el vocal para Galicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Almenar. Sobre la mesa, posibles medidas como la implantación de servicios de atención prioritaria, la concentración de casos en un par de juzgados, probablemente de A Coruña y Vigo, y el envío a los mismos, por parte del Ejecutivo, tanto de funcionarios como de medios materiales de refuerzo.
En unos tribunales ya atascados desde el estallido de la crisis por asuntos de deudas, impagos y similares, la presentación masiva de demandas civiles contra Novagalicia Banco, sin adoptar soluciones paliativas, no haría más que terminar de saturar el despacho de expedientes ordinarios y frustrar la ansias de justicia rápida de los preferentistas. «Se trata -explican fuentes conocedoras de la operación en ciernes- de disponer todo para atender a los estafados de manera ordenada, con agilidad, y para que sus sentencias se emitan en un plazo de tiempo, digamos, razonable». Leer más...
Fuente: La Voz de Galicia
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