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El informe del Comité de expertos se articula en cuatro secciones
referidas, por este orden, a la liquidez de los agentes económicos, al
empleo, a la solvencia y fortalecimiento financiero, y al impulso y
dinamización de la economía, incluyendo además algunas reformas de
tipo estructural.
1. LA LIQUIDEZ DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
El extraordinario impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía
exige la adopción inmediata y excepcional de medidas que garanticen la
liquidez de los agentes económicos afectados.
Todas los instrumentos que se adopten, cualquiera que sea su naturaleza
(financiera, fiscal, laboral o de otro tipo), deben orientarse a garantizar la
liquidez de los agentes económicos, de una forma sistematizada, tanto
desde la perspectiva de su alcance como desde su priorización, y de una
actuación coordinada de los diferentes niveles de Administración Pública,
dando preferencia a aquellos operadores económicos que hayan resultado
directa y significativamente afectados por la crisis COVID-19, en un marco
de certeza y previsibilidad, lo que redundará en una mayor eficacia de las
empresas en la toma de decisiones.
Con la finalidad de dotar de liquidez a los agentes económicos, se
proponen un conjunto de veinte medidas de adopción inmediata, entre
las que destacamos las siguientes:
_ Facilitar liquidez de forma inmediata a los trabajadores acogidos a
ERTE durante el periodo de estado de alarma; particularmente a
aquellos que están esperando todavía a la tramitación de sus
percepciones por parte del servicio de empleo.
_ Priorizar la tramitación, con todos los medios adicionales que sean
necesarios, de los procedimientos tributarios de devolución, pagos
pendientes a operadores económicos por bienes y servicios
prestados a administraciones públicas, o por subvenciones ya
concedidas.
_ Potenciar los mecanismos de compensación de créditos y débitos
tributarios, así como evitar el ingreso de deudas tributarias
vinculadas a muy probables devoluciones futuras.
_ Agilizar, simplificar y coordinar las líneas de liquidez adoptadas por
los diferentes niveles de la Administración Pública.
_ Ampliar, en coordinación con los instrumentos de liquidez con
garantía ICO, las líneas de financiación con garantía del IGAPE para
dar cobertura a necesidades de liquidez no cubiertas o
específicamente adaptadas a las necesidades de determinados
sectores.
_ Aprobar líneas de financiación con garantía pública para ayudar a
las empresas a afrontar los gastos e inversiones iniciales necesarios
para adaptar los centros de actividad a las exigencias marcadas en
los nuevos protocolos de seguridad.
2. EL EMPLEO
En materia de empleo, el ordenamiento jurídico español constituye una
base sólida sobre la que asentar los instrumentos que sirvan para dar
respuesta eficaz e inmediata a los riesgos del impacto de la crisis sobre el
mercado laboral. No obstante, dada la enorme incidencia de la pandemia
sobre los niveles de ocupación, es necesario dotar de una mayor
flexibilidad a instituciones ya existentes, pero cuya concreción estaba
configurada para una situación económica y social previa,
desgraciadamente ya no existente. La excepcionalidad de la situación
actual requiere del diálogo social como factor constitutivo de un
imprescindible entendimiento.
Por tanto, se hace imprescindible adoptar un conjunto de medidas en el
ámbito laboral que, con carácter transitorio y mientras persistan los
fuertes efectos de la actual crisis, sirvan como mecanismos para el
mantenimiento y la recuperación del empleo, en un marco de protección
de los trabajadores y de viabilidad futura de las empresas.
La reanudación de la actividad, lógicamente dependiendo de su
esencialidad y afectación como consecuencia de las nuevas reglas de
distanciamiento social, será gradual y su reactivación, lenta y prolongada.
La gravedad de la situación actual requiere, con transparencia y
coordinación, de una respuesta dotada de instrumentos eficaces.
En este sentido, se propone adoptar con urgencia un conjunto de
medidas, entre las que destacamos las siguientes:
_ Desvinculación del ERTE por fuerza mayor del mantenimiento del
actual estado de alarma. Lo que debe ser habilitante para la
utilización de este instrumento es el impacto sobre el nivel de
actividad de las empresas derivado de las medidas de
distanciamiento social, limitaciones de afluencia o de periodos de
apertura o cualquier otra restricción para el desarrollo de su
actividad. Urge esta adaptación que, por otra parte, incrementaría
la seguridad jurídica de las empresas y de sus trabajadores.
_ La introducción de mecanismos de flexibilidad en la jornada laboral
resulta imprescindible para la sostenibilidad del empleo en una
situación como la actual, donde los agentes económicos tienen que
adoptar decisiones en materia de empleo en un marco de profunda
incertidumbre. Por ello, hay que incidir en la extraordinaria
relevancia de los acuerdos entre trabajadores y sindicatos, por un
lado, y los de empresarios por otro; así como en la empatía mutua
que debe presidir dicho escenario.
_ El impacto presupuestario en las cuentas públicas de la actual crisis
es enorme, posiblemente insostenible de prolongarse en el tiempo.
Se hace necesaria, por tanto, la articulación de mecanismos nuevos
y complementarios que incentiven la recuperación del empleo hoy
suspendido bajo la protección de los ERTE. La política fiscal no
puede permanecer ajena a la profunda crisis actual,
particularmente, cuando su impacto lo trasladamos al nivel de
ocupación de nuestra economía. Un régimen coordinado de
medidas en materia de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad
Social y deducciones fiscales resulta necesario para incentivar el
mantenimiento y la recuperación del empleo, contribuyendo,
adicionalmente, a minorar el enorme impacto que la situación
actual de desocupación provoca en las cuentas públicas.
_ La reanudación paulatina de la actividad económica en el ámbito de
una crisis sanitaria requiere de la adaptación del entorno. La salud y
seguridad laboral de los trabajadores es condición irrenunciable
para el bienestar social, evitando retrocesos en el proceso de
reactivación. Urge la protocolización de la vuelta a la actividad
desde la perspectiva de los riesgos laborales, la adopción de
medidas organizativas que fomenten y flexibilicen el teletrabajo e
incentiven el desarrollo de planes de formación particularmente
activos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Sin duda, es urgente
la adecuación de las políticas activas y los planes de formación de
las empresas para potenciar las capacidades de los empleados en el
contexto de la extensión del teletrabajo. Esa reactivación requerirá
de gastos e inversiones necesarios para la adaptación de los centros
de actividad a los requerimientos de protección y salud derivados
de la pandemia. Esta exigencia debe acompañarse de instrumentos
financieros de liquidez adecuados que impidan que tales costes se
conviertan en un obstáculo en la reactivación económica.
3. SOLVENCIA Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
En ausencia de medidas adecuadas, el impacto de la crisis derivada de la
pandemia COVID-19 afectará severamente a la solvencia de las empresas,
amenazando la viabilidad futura de una parte relevante de nuestro tejido
productivo. A la caída inmediata y muy sustancial de la cifra de negocios
provocada por las normas de hibernación económica, y de confinamiento
y distanciamiento social, le seguirá el impacto derivado de una más que
probable caída futura y relevante de la demanda interna y externa, lo que
incidirá muy negativamente en los flujos de caja esperados. Un escenario
que seguramente se verá agravado por un incremento sustancial de los
niveles de morosidad en el marco de la interdependencia lógica de
cualquier sistema económico.
Por ello, desde la perspectiva de la solvencia, resulta preciso adoptar
medidas de diferente alcance. El papel de la Administración debe ser
especialmente activo para apoyar los procesos de adaptación de los
actores económicos, promoviendo instrumentos flexibles y que permitan
captar fondos que les aseguren capacidad suficiente. Por otro lado,
fortalecer el tamaño de nuestro tejido empresarial constituye una
estrategia esencial para su supervivencia. La concentración empresarial,
sea mediante adquisición o procesos de fusión, puede contribuir
decisivamente a la pervivencia en nuestro sistema socioeconómico de
estructuras económicas que, inviables en su dimensión actual, puedan
cobijarse en capacidades empresariales solventes.
Entre otras propuestas desarrolladas en el informe, destacamos las
siguientes:
_ Creación de un fondo gallego de capital público y privado para
invertir en empresas afectadas por la crisis del COVID-19, a través
de capital y/o préstamos participativos.
_ Incentivos financieros y fiscales a los procesos de concentración
empresarial en el marco de sectores económicos gallegos
fuertemente impactados por la crisis provocada por el COVID-19.
_ Ampliación de la línea de avales del Estado canalizados por el ICO,
habilitando un tramo específico destinado a operaciones de
reestructuración financiera.
_ Creación de una nueva línea de financiación con garantía del ICO
que posibilite un incremento del endeudamiento neto de las
empresas destinado a acometer inversiones motivadas por la crisis
del COVID-19, con garantía pública limitada.
_ Implementación de una línea de financiación autonómica para la
concesión de créditos específicamente dirigidos a PYMES y
autónomos en sectores económicos gallegos fuertemente
impactados por la crisis del COVID-19.
La financiación de una parte de las propuestas desarrolladas en esta
sección, pero también de algunas de las medidas de dinamización y
estímulo que se proponen en la siguiente sección, requieren una base
financiera suficiente. El Comité de expertos recomienda a la Xunta de
Galicia profundizar en dos vías complementarias: la financiación
multilateral apoyada en el CEB (Banco de Desarrollo del Consejo de
Europa) y el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la Movilización de
recursos de la política europea de cohesión, acelerando la ejecución del
marco financiero actual.
4. PROPUESTAS DE IMPULSO Y DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
GALLEGA
La recuperación de las ramas productivas va a ser altamente asimétrica.
Principalmente, porque el confinamiento y el mantenimiento de las reglas
de distanciamiento no les afectan de la misma manera. Por eso, hay que
atender particularmente a las ramas y empresas más directamente
afectadas por la crisis. Por otro lado, hay que ser conscientes de que
existen diferencias significativas en el efecto tractor y multiplicador que
las distintas ramas productivas ejercen sobre el resto de la economía
gallega. Concentrar actuaciones en las que movilizan más
encadenamientos productivos aumenta la eficiencia global de las
actuaciones.
Las medidas de estímulo de la actividad deben estar coordinadas a todas
las escalas: global, europea, española, autonómica y local. Cada esfera
tiene una capacidad financiera diferente y deberían coordinarse y
encajarse para optimizar los efectos. Con carácter general, los gobiernos
de los niveles inferiores deben actuar partiendo de lo que hacen los de
escala superior, a fin de evitar solapamientos poco razonables y vacíos
que nadie atiende.
Las medidas de dinamización se van a aplicar en un contexto de
normalización con limitaciones que se irán levantando progresivamente
hasta finales de junio, pero que no conducirán a partir de entonces a una
situación idéntica a la que había hasta la primera quincena de marzo.
Clarificar esas limitaciones es fundamental para las empresas, para que
puedan programar aspectos claves como las fases de incorporación del
personal al trabajo, los ritmos de producción o la evaluación de las
necesidades financieras, entre otros. En todo caso, esa dinamización de la
actividad debe ser compatible con el cumplimiento escrupuloso de las
normas de salud pública y las medidas recomendadas para evitar rebrotes
de la pandemia significativos que nos aboquen a un segundo
confinamiento en los próximos meses.
En Galicia contamos con dos factores diferenciales que juegan a nuestro
favor. El primero es la consolidación fiscal implementada en la última
década, que ha situado a Galicia entre las CCAA con menor deuda pública.
La segunda tiene que ver con el acceso a fondos europeos, en un marco
de flexibilización de uso. Adicionalmente, y como adelantamos también en
el apartado dedicado a la solvencia, un acceso rápido y ágil a la
financiación multilateral puede reforzar la capacidad financiera de la
Xunta de Galicia en términos comparados.
El Comité considera fundamental la apuesta por un Programa de
proyectos tractores que creen, impulsen y dinamicen cadenas de valor
estratégicas para Galicia. Se propone que la Xunta de Galicia desarrolle un
programa de proyectos tractores que creen, impulsen o dinamicen
cadenas de valor estratégicas para Galicia. El programa debe dotarse de
un mecanismo facilitador que atraiga e incentive la realización de los
proyectos incluidos en el programa. El Comité recomienda impulsar una
financiación público/privada para el programa con instrumentos como
puede ser el fondo de capital público y privado para el fortalecimiento de
la estructura de capital de las empresas, desarrollado en la sección
anterior. Con el fin de atraer inversiones al programa que permitan
acelerar su ejecución, se propone la creación de un régimen fiscal
específico para el programa que haga atractiva la inversión, para todo tipo
de operadores en las cadenas de valor impulsadas por los proyectos
tractores, con independencia de su tamaño, y en el marco de lo dispuesto
por las instituciones comunitarias en materia de ayudas de estado.
Más allá de lo anterior, el Comité de expertos quiere incidir en la
importancia de las actuaciones en tres campos: medidas de alcance
sectorial, medidas tributarias y financieras y propuestas de reforma
estructural.
Medidas de alcance sectorial
_ Articular programas específicos para autónomos y PYMES en
sectores impactados.
_ Propuestas específicas para el estímulo del consumo y el comercio.
_ Propuestas específicas para las ramas incluidas en la hostelería y la
restauración.
_ Estímulo del sector de la automoción gallego.
_ Reactivación del sector de la cultura.
_ El Xacobeo debe convertirse en uno de los motores de impulso de la
recuperación económica de Galicia.
_ El rural gallego debe ser uno de los pilares de la reactivación
económica de la Comunidad Autónoma.
_ Reorientación del sistema comercial marítimo-pesquero y
dinamización del sector marítimo-pesquero.
_ Impulso al sector de la construcción.
Medidas tributarias y financieras para la dinamización de la economía
_ Libertad de amortización.
_ Exención por reinversión de beneficios extraordinarios.
_ Supresión de la limitación a la compensación de bases imponibles
negativas.
_ Flexibilización del beneficio fiscal ligado a los contratos de
arrendamiento financiero.
_ Tributación indirecta de determinadas prestaciones de servicios
relacionadas con sectores impactados.
_ Tributación indirecta de determinadas operaciones inmobiliarias
(IVA e ITPAJD).
_ La política tributaria como catalizador de una transición hacia una
economía verde.
_ Inmediata reactivación del mercado de seguro de crédito.
_ El bajo nivel de endeudamiento de la Comunidad debería posibilitar
un margen financiero positivo y sustancial para financiar
actuaciones de dinamización económica.
Propuestas de reforma estructural
_ Reformas para facilitar y agilizar los trámites administrativos para
instalar empresas, operar y atraer inversión extranjera.
_ Creación de una agencia gallega de evaluación de políticas públicas
que funcione con criterios de independencia y rigor técnico y que
dependa directamente de la Presidencia de la Xunta.
_ Aceleración de iniciativas que impulsen la extensión de la
digitalización a diferentes ámbitos de la economía y la sociedad.
_ Reforzamiento de la educación, las universidades e investigación,
poniendo el acento en la transferencia de conocimiento.
_ Reconocimiento e incentivo del mecenazgo y la filantropía.
SALUDOS.
Francisco Javier Pérez Bello
PRESIDENTE
FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Rúa) Costa da Unión (antes, Teniente General Gómez Zamalloa), 3, 1 º D.
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